Texto: Pedro Matías | Imagen: Animal Político
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Entre los escombros políticos que dejó el terremoto de 8.2 grados del 7 de septiembre de 2017, empiezan a emerger réplicas de corrupción, empresas fantasma y otras ligadas a personas del servicio público, obras abandonadas y la desaparición de alrededor de cuatro mil 800 millones de pesos.
Lo más ruin es que en medio del desastre y la crisis humanitaria, el gobierno de Enrique Peña Nieto, de la mano de Rosario Robles Berlanga, así como servidores y servidoras públicas del gobierno de Oaxaca, convirtieron la reconstrucción en un negocio.
A dos años de los sismos de septiembre, la Comisión Legislativa de Reconstrucción pidió que se investigue y se finquen responsabilidades contra quienes estuvieron al frente del Programa Nacional de Reconstrucción, como la ex secretaria de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, Virgilio Andrade, de Bansefi y de la Comisión Nacional de Vivienda.
Así como del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, como los directores del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), Orlando Hernández Montes y Mario Bustillos Cacho, y al secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Fabián Herrera Villagómez.
Por lo pronto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está documentando las observaciones de las cifras que no cuadran a la Secretaría de la Función Pública por el uso indebido de los recursos públicos y de igual forma se dará vista a la Auditoría Superior de la Federación para que presente la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de la República.
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