Diana Manzo
Unión Hidalgo, Oax.- Integrantes del Comité Pro Defensa de la Tierra y Territorio informaron que el juez séptimo y octavo con sede en el puerto de Salina Cruz admitió la demanda de amparo que el pasado 23 de junio presentaron por la violación a sus derechos a una consulta libre, previa, informada y de buena fe conforme a lo establece el articulo 2 de la constitución federal y el convenio 169 de la OIT.
Fueron un total de 40 amparos colectivos presentados con 700 firmas de indígenas de Unión Hidalgo quienes denunciaron que las autoridades federales y estatales así como la municipal otorgaron concesiones, permisos y autorizaciones para inversionistas nacionales y extranjeros sin previa consulta indígena para que ampliaran su infraestructura en terrenos de la comunidad de Unión Hidalgo.
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