Persiste riesgo de criminalizar a las veracruzanas

Activistas se manifestaron la semana pasada afuera de la representación del gobierno de Veracruz | Foto: César Martínez López/Cimacnoticias
Por: Rafael Maya

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/05/2016De la mano de la Iglesia, el gobernador Javier Duarte desoye reclamos y sólo pospone el aval de su iniciativa antiaborto para después de los comicios.

Lejos de detenerse la iniciativa de reforma en Veracruz para “proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural” –que de aprobarse limitaría el derecho al aborto legal–, el gobernador de la entidad, Javier Duarte –en contubernio con la jerarquía católica– alista la estocada final para evitar que las mujeres decidan libremente sobre la maternidad.

Según especialistas, no conforme con la convulsión social por las que atraviesa el estado (feminicidio, asesinatos de periodistas y violencia del narcotráfico), Duarte pretende criminalizar a las veracruzanas por interrumpir sus embarazos, tal y como ocurre en otras 16 entidades del país que desde 2008 han modificado sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”.


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El pasado jueves se preveía que el Congreso de Veracruz votara en segunda vuelta la iniciativa presentada en enero pasado por el gobernador, y aprobada en ese mismo momento por las y los diputados.

Pero –como dijo el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes, presente en la sesión de la Cámara de Diputados local– hubo un “acuerdo” de la Iglesia con el Congreso para que la reforma al artículo cuarto de la Constitución estatal se vote tras los comicios del próximo 5 de junio, con los que se renovarán la gubernatura y 50 diputaciones.

Así, en lo que se interpretó como una flagrante violación al Estado laico, la Iglesia y el Congreso local pactaron –sin tomar en cuenta los derechos de las mujeres– se aplazara la votación de la iniciativa.

Sin embargo, el arzobispo confió en que la reforma constitucional se concrete en este periodo de sesiones –que concluye en julio próximo–, debido a que “hay ya una palabra del gobernador, una palabra de varios de los legisladores, y esperamos que sí cumplan”.

Incluso el diputado local por Alternativa Veracruzana Francisco Garrido Sánchez declaró previamente a medios de comunicación, que la iniciativa se votará antes de que finalice julio próximo.

SIN DERECHO A SALUD REPRODUCTIVA

Ante el riesgo de que se avale la reforma tras las elecciones, la integrante del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Estela Casados, advirtió que se dispararán los índices de muerte materna por aborto en la entidad, ya que orillaría a las mujeres a interrumpir sus embarazos en condiciones inseguras al limitarse el acceso a las causales legales.

Está comprobado que penalizar el aborto y criminalizarlo no resuelve la problemática de los embarazos no deseados, que son la causa de los abortos inducidos; lo único que produce es llevarlos a condiciones de inseguridad, abundó por separado la médica especialista en Sexología Educativa e integrante del Pacto Nacional por los Derechos de las Mujeres, Ana Irene Muro.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2014 Veracruz superó el promedio nacional de Razón de Mortalidad Materna (número de decesos de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos) al llegar a 43.4 fallecimientos. La media nacional es de 38.9 defunciones.

Según el Observatorio de la Mortalidad Materna en México, en lo que va de 2016 en la entidad han muerto 13 mujeres por causas relacionadas con el embarazo. Mientras que del total de muertes maternas por aborto en el país en 2013, 6.3 por ciento ocurrieron en Veracruz.

A lo anterior se suma que en el estado prevalece la falta de acceso a los servicios de salud y a las causales de aborto en caso de violación sexual, según han denunciado organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Equifonía; Xochiquetzal; Colectivo Akelarre y Las Libres.

Y en materia de violencia, entre 2010 y 2015 se registraron en la entidad al menos 10 mil 295 violaciones y otros delitos sexuales en contra de mujeres y niñas, sin que ninguna de las víctimas accediera al derecho al aborto legal, de acuerdo con el informe que elaboró el Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida en Veracruz, como parte del análisis para una eventual declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado.

En el mismo reporte se asienta que en el mismo lapso 487 niñas de entre 10 y 14 años de edad parieron en Veracruz.

El pasado 5 de abril, las mismas organizaciones presentaron otra solicitud de declaratoria de AVG por “agravio comparado” (cuando una norma local atenta contra los derechos de las mujeres), para denunciar la discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios que vive la población femenina.

En lugar de criminalizar aún más a las mujeres con su iniciativa de reforma constitucional, las activistas demandaron a Javier Duarte a crear un programa de interrupción legal del embarazo para garantizar una atención oportuna, adecuada, efectiva e integral para las mujeres y niñas que lo requieran, de conformidad con un marco normativo acorde con los estándares nacionales e internacionales en la materia.

EXTINCIÓN DEL ESTADO LAICO

La inconformidad contra la reforma Provida de Javier Duarte ha llegado incluso a instancias de su gobierno como el IVM, cuyo Consejo Consultivo criticó que tal iniciativa vulnera el Estado laico y proviene de grupos conservadores, amparados por el Ejecutivo estatal, que ha cedido a las presiones para usar a las mujeres como “moneda de cambio”.

En un pronunciamiento, las integrantes del Consejo Consultivo advirtieron que es tanta la intromisión de la Iglesia católica que en la redacción de la reforma se usa el término religioso de “concepción”.

También dijeron que se vulneran los Derechos Humanos de las mujeres, pues de aprobarse la reforma se abre la posibilidad de considerar ilegales todas las causales de aborto vigentes en Veracruz, por ejemplo en caso de violación sexual, malformación del feto o peligro de muerte para la madre.

“(La iniciativa) criminaliza a las mujeres, principalmente a las más pobres. Las mujeres necesitamos leyes que nos protejan de todas las formas de violencia que vivimos todos los días, con especial énfasis en el feminicidio y desapariciones que ocurren en Veracruz, los cuales están en la impunidad”, advirtieron.

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