Veracruz: cuentas pendientes para las mujeres

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CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF

En 12 años de gobiernos estatales del PRI, las violaciones humanitarias, sobre todo contra la población femenina, se han recrudecido por la impunidad.

La violencia sexual y física que deriva en feminicidio y tortura ha sido una constante desde el gobierno del priista Fidel Herrera (2004-2010), cuya gestión se caracterizó por la violación sexual contra Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años, ocurrida el 25 de febrero de 2007 en la comunidad de Tetlancinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica.

El caso, que dio la vuelta al mundo por las circunstancias en las que ocurrió y luego por la impunidad que lo rodeó, marcó un precedente en el tema de violencia contra las veracruzanas, pues lejos de garantizarles justicia, fue un mensaje de que la violencia cometida contra cualquier mujer en la entidad no tendría una investigación eficaz ni una sanción, máxime cuando los responsables fueran militares.

Si bien la presencia del Ejército en comunidades indígenas de Veracruz no es nueva, pues data de los años 90 cuando empezó a llegar a lugares como Zongolica para combatir grupos guerrilleros. Tal presencia se acentuó en 2006.

Con la llegada del panista Felipe Calderón a la Presidencia, en 2006, los militares salieron de los cuarteles para “resguardar” el orden público, medida que provocó reacciones incluso de organismos internacionales al considerar que violentaba los Derechos Humanos (DH), pues se ha comprobado que cuando las fuerzas castrenses se dedican a la seguridad pública aumentan las transgresiones a las garantías fundamentales.

Aunque los habitantes de la comunidad de Ernestina exigieron a Herrera que no permitiera la impunidad y gestionara el retiro de los soldados que acampaban en distintas zonas de la sierra, la petición fue inútil luego de que el gobernador negó toda responsabilidad de los militares en el hecho, respaldado después por los dichos de Calderón, quien en una entrevista concluyó que la indígena murió por una “gastritis mal atendida”.

Las consecuencias de esa impunidad no se hicieron esperar. En 2008 el gobierno priista ya conocía sobre otras tres adultas mayores indígenas de Zongolica (Susana Xocua Tezoco, Adelaida Amayo y Anastasia Coyohua Cahua), cuyos cuerpos fueron encontrados con signos de violencia sexual y tortura.

Cimacnoticias informó entonces que las autoridades estatales y federales aseguraron –tras cuestionados procesos forenses– que las mujeres habrían muerto por causas naturales o vinculadas a su salud.

La gestión de Fidel Herrera acumuló 491 casos de homicidios dolosos de mujeres y 12 mil 588 denuncias por violación, según cifras del Grupo de Trabajo que desde septiembre de 2015 indagó la violencia feminicida en Veracruz ante las denuncias de activistas.

De 2007 a 2009, la tasa de defunciones femeninas (por cada 100 mil mujeres) por presunto homicidio creció en 127.3 por ciento. A 2009 se registraron 903 denuncias por violación sexual, según el estudio “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”, elaborado por la Cámara de Diputados.

Se suma que durante todo su gobierno, el priista buscó –sin lograrlo– la “protección de la vida desde la concepción” en la Constitución estatal, y avaló a empresas vinculadas a personajes como Kamel Nacif, quien fue ligado en su momento con el delito de trata de personas.

En entrevista, el coordinador del Centro de Derechos Humanos Toaltepeloyo, ubicado en Orizaba, Hugo Guzmán, advierte que en la entidad no ha habido más que demagogia en el tema de DH, ya que la justicia es inalcanzable para la población en general, pero mucho más para las indígenas y las mujeres sobrevivientes de violencia.

EXPLOSIVIDAD SOCIAL

A esta crisis humanitaria, la coordinadora del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte, Mónica López, agrega los conflictos por despojos de tierra para proyectos hidroeléctricos, mineros y petroleros.

La activista explica que estas problemáticas no se pueden dejar de lado, porque cuando un pueblo indígena defiende su tierra para que no se construya un pozo petrolero o un gasoducto, también defiende su derecho a la vida.

De 2012 a 2014, Veracruz pasó de 52 a 58 por ciento de personas en pobreza extrema, lo que lo colocó entre los seis estados con más carencias en todo el país, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Con la llegada del también priista Javier Duarte a la gubernatura, la situación social no mejoró, al contrario aumentó la violencia. Tan sólo en los dos primeros años de su gobierno (2010-2012) se registraron más de 200 asesinatos de mujeres.

La justicia tampoco apareció. Del total de más de mil denuncias por homicidio de mujeres que recibió la Procuraduría estatal de 2010 a 2015, únicamente 447 casos fueron consignados.

HERENCIA DE IMPUNIDAD

El sello de Duarte es la impunidad y el incremento de agresiones y asesinatos contra periodistas, tal y como el de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, ultimada en su casa el 28 de abril de 2012, en Xalapa, capital del estado.

Conocido por su repudio a la prensa, el mandatario local también carga con la impunidad en el asesinato de la reportera Yolanda Ordaz, del periódico Notiver, el 26 de julio de 2011.

Veracruz se convirtió así en la entidad más peligrosa para el periodismo; en 2014 hubo 41 ataques contra la prensa. El programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) reportó que las periodistas en ese estado son violentadas por las autoridades, y que desde hace 14 años la violencia contra ellas se incrementó.

Si bien de 2002 a 2009 sólo se registró un caso de violencia contra una periodista, la cifra creció en 2012 al documentarse ocho casos. En 2014 fueron 16.

En la recta final de su gestión –en noviembre próximo deja el cargo–, Duarte heredará una lista de crímenes archivados. Y sin embargo, decidió arremeter una vez más contra las mujeres al presentar ante el Congreso local una reforma constitucional, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, misma que fue aprobada sin discusión en primera vuelta.