Por obstrucción del PRI, rechazan condenar el ataque a saxofonista

Jorge Villacaña, diputado de Oaxaca.


Citllalli Lopez /lasillarota.com

La 64 legislatura de Oaxaca acordó llamar a comparecer al Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez y a la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), Ana Vázquez Colmenares, para que informen sobre el caso María Elena Ríos Ortiz, saxofonista atacada con ácido.

El punto de acuerdo aprobado también exhorta al titular de la fiscalía General del estado de Oaxaca “para que a la brevedad posible concluya con la integración del legajo de investigación por los actos de violencia y agresión que sufrió la joven María Elena Ríos Ortiz y se le garantice a la víctima del delito el acceso a peritos de psicología”.

En tanto que Vázquez Colmenares pidieron que informe de las acciones desplegadas en el ámbito de sus competencias para atender, prevenir, erradicar y sancionar los delitos contra las mujeres por cuestiones de género.

Presentado por la bancada de Mujeres Independientes, integrada por Aleida Serrano Rosado y Elim Antonio Aquino, el punto de acuerdo destaca que “especialistas han señalado que los ataques con ácido son entendidos como la culminación de una serie de ataques misóginos y de violencia de género que  las víctimas sufrieron con antelación, teniendo el ataque con sustancias químicas (como el ácido), la intención de dañar la apariencia de las mujeres y su integridad física para humillarlas frente a la sociedad.

El punto de acuerdo fue aprobado de urgente y obvia resolución, pero por otro lado, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Villacaña, impidió que la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca se pronunciara de urgente y obvia resolución para condenar el ataque con ácido contra la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz.

Y es que durante la Conferencia Parlamentaria -en donde se determina el orden del día- el presidente de esta mesa, Jorge Villacaña Jiménez, consideró que el planteamiento presentado por el legislador del Partido del Trabajo, César Morales Niño, no ameritaba dicha prontitud.

Por su parte, Morales Niño, manifestó que sería preocupante que dicha acción del priísta tuviera la finalidad de proteger a Juan Vera Carrizal, ex diputado priista, a quien la familia de María Elena Ríos Ortiz señala de ser el autor intelectual del ataque.

    “Sería muy grave si tratara de protegerlo, ojalá no haya sido de manera intencional que no se pasara de urgente y obvia porque imagínense que, desde el congreso, una minoría de seis diputados estén protegiendo a uno de sus militantes hoy amparado por la justicia. Eso sería muy lamentable, que se obstaculice la aplicación de la justicia para los casos que realmente preocupan a la sociedad como es la violencia contra las mujeres y el feminicidio”, indicó.

Además dijo que “El argumento del presidente es que había sido un acto que ocurrió en septiembre, momento en el que yo era presidente y entonces por qué no lo saqué. En ese momento se hicieron el pronunciamiento necesario y ahorita lo que importa es darle protección tanto a la víctima como a sus familiares por las amenazas que están surgiendo a partir de la detención de dos de los autores materiales”, expuso Morales Niño.

En el escrito que fue remitido a comisiones, Morales Niño pidió que el Congreso local condenara “el deleznable ataque a la ciudadana María Elena Ríos Ortiz”. “Con ese hecho, se ha puesto nuevamente a Oaxaca en la órbita de la impunidad y negligencia, porque ese asunto cobró relevancia y empezó a ser atendido porque trascendió a nivel nacional”, declaró.

El documento agrega que “la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, debe realizar una investigación eficiente e imparcial para el esclarecimiento de los hechos, así como la debida reparación del daño a las víctimas del delito, así también, las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas directas o indirectas en el otorgamiento de las medidas cautelares para su protección, en cualquier caso de naturaleza de violencia de género, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, deberá garantizar que la parte quejosa tenga acceso efectivo a la protección por parte de las autoridades a su entorno”.

Y añade: “el Estado ha sido negligente e impide que las mujeres tengan acceso al derecho a la justicia y la reparación del daño para las víctimas de violencia todo esto a través de la falta de sensibilidad por parte de los operadores judiciales, demora en la iniciación de investigaciones, entre otras”.

Sin mencionar a vera Carrizal por su nombre como señalado por la familia como autor intelectual, Morales Niño destacó en el pronunciamiento que pretendía ser fijado como posicionamiento de la legislatura local que: “Compartimos la preocupación de la sociedad oaxaqueña, debido a que, aún a pesar de la detención de los autores materiales de la agresión contra María Elena, aún falta mucho por hacer justicia. Ya que quien ha sido identificado por ella, sus familiares y amigos como el instigador de la agresión, está lejos de ser investigado y juzgado por la justicia de la entidad”.

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