NATHALIE GÓMEZ/@Nathalie_fx
Oaxaca de Juárez, Oax.- El fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez y el fiscal para la atención a delitos contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dieron a conocer a las y los periodistas la creación de la Unidad especializada para atención de delitos contra libertad de expresión.
Dicha unidad, se adscribe a la Fiscalía especializada para la atención a delitos de alto impacto, dependiente de la Fiscalía general del estado de Oaxaca, misma que se publicó en el periódico oficial con fecha 3 de agosto de este año en el tomo XCIX.
La Fiscalía tiene registradas este año 32 agresiones contra periodistas en la entidad en lo que va del año, que van desde amenazas, abuso de autoridad, lesiones, despojo, robo, allanamiento de morada, hostigamiento, abuso de confianza y difamación.
En un conversatorio con representantes de diversos medios de comunicación, los funcionarios escucharon las quejas, peticiones y sugerencias que tiene el gremio periodístico para combatir la inseguridad en la que se ejerce esta labor en la capital del estado de Oaxaca y en las regiones.
Destacaron, como lo han hecho en otros foros, que la impunidad es la que ha permitido que haya personas, principalmente que se encuentran en la función pública, que agredan a las y los periodistas sin que se ejerzan sanciones en su contra y ningún tipo de acciones que mitiguen las agresiones físicas, verbales, el robo y destrucción del equipo de trabajo, amenazas y hasta asesinatos.
Cesar a los funcionarios que agredan a un periodista mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente para que ésta sea en igualdad de condiciones, fue una de las propuestas para combatir esta problemática que no es exclusiva de Oaxaca pero que coloca a la entidad en una de las más peligrosas para ejercer el periodismo de acuerdo a organizaciones como Artículo 19 y Periodistas de a pie.
Otra de las peticiones fue la atención a las demandas interpuestas por agresiones en contra de periodistas de las diversas regiones del estado, donde también se hacen investigaciones y publicaciones que ponen en riesgo al gremio periodístico sin que se tenga siempre el respaldo de las instancias encargadas de impartir justicia.
