Jaime Guerrero
OAXACA, Oax. Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), determinaron que el exsecretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, Francisco Javier Montero López, destinó recursos públicos a la campaña de su hermano, Hageo Montero López, excandidato a primer concejal de la coalición PRI-PVEM-Panal, por tanto, notificó al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, para que determine la responsabilidad del exfuncionario y aplique una sanción.
En tanto, el Tribunal, determinó aplicar una multa de 20 mil 150 pesos al excandidato de la coalición Todos por Oaxaca, por utilizar los recursos públicos en su campaña.
Al resolver el procedimiento especial sancionador promovido por María Soledad Jarquín Edgar, en su carácter de madre de María del Sol Cruz Jarquín, en contra de, los hermanos Montero López, los magistrados validaron las infracciones a la ley electoral.
La madrugada del 2 de junio pasado se perpetró un ataque armado en la calle 5 de Mayo en el centro de Juchitán de Zaragoza, donde fueron asesinados la candidata a concejal de la planilla de la coalición Todos por México, Pamela Zamari Terán Pineda, su chofer Adelfo Guerra Jiménez y María del Sol Cruz Jarquín.
Tras los hechos, la madre de la comunicadora interpuso una denuncia contra el exsecretario de Asuntos Indígenas, y su hermano, excandidato a primer concejal al ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, postulado por la coalición Todos por Oaxaca.
En el análisis del expediente, los magistrados Víctor Manuel Jiménez Viloria, Miguel Ángel Carballido Díaz y Wilfrido Raymundo López Vázquez determinaron que por la comisión de infracciones en materia electoral consistente en la utilización de recursos públicos, se transgredió el principio de imparcialidad que rige los procesos electorales.
Sin embargo, la denuncia en contra de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza por culpa en la falta de vigilancia respecto de esos actos fue desechada.
De acuerdo a los magistrados, no existe prueba alguna que sustente que los partidos políticos eran sabedores de esa designación y, por tanto, les fuera reprochable la falta de vigilancia de tales actos.
Ahora corresponderá a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, actuar en consecuencia y determinar el tipo de sanciones, administrativas o penales, lo mismo, a la Fiscalía General del Estado, instancia que lleva un proceso penal por el triple asesinato.
