Patricia Briseño/ ORO Noticias
OAXACA, Oax. Comunidades indígenas de Oaxaca demandaron la cancelación de las 322 concesiones a empresas mineras y los 41 proyectos de este ramo instalados en el estado, porque se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de los dueños de las tierras.
A través de un pronunciamiento colectivo presentado a la prensa en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, los representantes comunitarios expusieron que “los concesionarios de las empresas mineras continúan con la práctica de firmar acuerdos individuales, aun sabiendo que los órganos de toma de decisión en las comunidades, son las asambleas; provocando la ruptura del tejido social”.
Alina Morales, afectada y representante de la región de Valles Centrales, demandó la suspensión de la entrega de títulos mineros, hasta que no se elabore un nuevo marco jurídico, donde se respeten de manera plena y efectiva los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, establecidos en la Constitución y en diferentes tratados internacionales.
“Asimismo, que se aprueben leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas, que sean reconocidos como sujetos de derecho público y que se incluyan mecanismos efectivos de reparación integrales a los daños al medio ambiente”.
También que se garanticen las condiciones de libertad y seguridad a las personas dedicadas a defender los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas.
En su intervención, el representante de la región del Istmo de Tehuantepec, Daniel Cirilo López exigió un alto a la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de los asesinatos y la presentación con vida de manera inmediata de las personas desaparecidas defensoras del territorio.
Dio testimonio del hostigamiento, agresiones y asesinatos en perjuicio de integrantes de comunidades por grupos de choque armados y del crimen organizado, para debilitar la oposición a la minería.
“El extractivismo se coloca como una amenaza significativa para la reproducción de nuestra vida comunitaria y no como una opción de desarrollo que pregonan los gobiernos y las empresas”.
Finalmente, los colectivos reiteraron su exigencia de respeto a su derecho a la autonomía, a la libre determinación, a la integridad cultural y a mantener la propiedad colectiva, como en su momento lo asentaron en el Juicio Popular Comunitario en contra del Estado.
