Citlalli López/ORO Noticias
OAXACA, Oax. Desde la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en Oaxaca han sido asesinadas 50 mujeres. Los últimos casos se acumularon este fin de semana. En dos hechos distintos, en menos de 24 horas fueron asesinadas Iris y Juliana, la última fue torturada antes de ser asesinada con varios disparos en el cuerpo.
Así, en los 130 días de la AVG no se han logrado disminuir los asesinatos de mujeres, los cuales en lo que va del año alcanzaron una cifra nunca antes vista en anteriores, en total suman 19.
En el recuento que hace la plataforma Contador del Feminicidio de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, precisa que en todo enero ocurrieron 17 asesinatos, estos se suman a los dos que ocurrieron este fin de semana.
En México, entre nueve y 10 mujeres son asesinadas al día, en promedio anualmente ocurren tres mil 580, de las cuales una mínima parte son investigados como feminicidio.
Ana María Hernández Cárdenas, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, señaló que la Alerta de Violencia es necesaria, sin embargo, existe una farsa de la actuación del gobierno.
“Después de la alerta, desde nuestro punto de vista, no ha habido la implementación adecuada y ha ido en aumento el fenómeno. Los números lo único que reflejan es la inacción del Estado, la indiferencia y la banalización por parte de las autoridades”.
La alerta de género emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) el 31 de agosto de 2018, buscaba ser un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres a través de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.
Entre las acciones que se tienen contempladas están la creación o fortalecimiento de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia que consideren las dinámicas sociales de la población y la distribución de las comunidades, así como la identificación a partir de la estadística de incidencia delictiva de los factores de infraestructura y movilidad que requieran atención y desarrollar un programa de intervención urbana dirigido a la disminución de los espacios de riesgo en el transporte público, entre otras.
