** Dio 18 meses para realizarlo, éste lapso ya culminaría, pero la situación sigue incierta, mientras el nosocomio de 30 camas tiene que atender una población de más de 192 mil personas**
NATHALIE GÓMEZ/@Nathalie_fx
Huajuapan de León, Oax.- Tras la controversia constitucional número 38/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno del Estado de Oaxaca, construir el hospital de 60 camas que sustituiría al Pilar Sánchez Villavicencio de esta ciudad. Le dio 18 meses para hacerlo, el plazo ya se vencería, o está a punto de hacerlo, pero aún no inicia la construcción.
Fue el 23 de junio de 2015, cuando los representantes legales del ayuntamiento, Celestino Rivera Galicia y Juventino Guillermo Guzmán Chávez, síndico procurador de justicia y síndico hacendario, respectivamente, interpusieron dicha controversia dado que no se había construido el hospital de 60 camas que sustituiría al hospital general, de 30 camas.
Noel Carmona Rosales, entonces director jurídico del ayuntamiento (2014-2016), expresó: “Hubo algunas situaciones por las que detectamos que los funcionarios públicos del gobierno del estado únicamente habían venido a tomarle el pelo a la ciudadanía de Huajuapan de León, a colocar primeras piedras, desconozco cuántas fueron pero cuando nosotros estábamos en funciones colocaron una primera piedra, de ahí surgió la necesidad de promover la controversia, la cual consiste en un juicio entre autoridades o por facultades de autoridades ante la SCJN”, expuso.
El 25 de junio de 2015, el ministro Luis Aguilar Morales, presidente de la SCJN, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 38/2015, por la negativa del gobierno a iniciar tal construcción.
AYUNTAMIENTO GANÓ EL JUICIO
“El 24 de mayo de 2017 se resolvió y se ganó el juicio al gobierno del estado, por lo que se le ordenó avocarse a la construcción de ese hospital”, explicó el abogado litigante.
La resolución establece: “Las omisiones atribuidas al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que se concretan en la omisión de llevar a cabo las obras de ampliación del Hospital General de Huajuapan de León, son violatorias del artículo 115, fracción III, de la Constitución General de la República en relación con el 393 de la Ley General de Salud, el artículo 12 de la Constitución del Estado de Oaxaca y los artículos 3°, 5° y 14 de la Ley Estatal de Salud del Estado de Oaxaca”.
También especifica que, “si bien el Municipio actor no será el encargado de operar el hospital ni de prestar directamente los servicios de salud, lo cierto es que la determinación de ceder parte del patrimonio municipal para efectos de la construcción de un hospital operado por el gobierno estatal, constituye una medida dictada en ejercicio de sus competencias, encaminada a la satisfacción del derecho a la salud de sus habitantes, la cual se ve frustrada por el incumplimiento del Gobierno Estatal”.
El gobierno estatal tendría entonces 18 meses para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte y entregar el hospital ya en funciones, contados a partir de la notificación de la misma.
Este lapso de 18 meses culminó en diciembre de 2018, pero ex funcionarios desconocen exactamente en qué mes se le notificó al gobierno estatal, pero estiman que ya se venció o está a punto de hacerlo, en caso de que la notificación haya tardado cinco meses.
“Hasta este día, dijo, no hay un hospital y se desconoce si el ayuntamiento en la administración actual, como parte actora del juicio, haya promovido algo para que se requiera al gobierno estatal el cumplimiento de la sentencia”, señaló el abogado.
“Ahorita ya no somos funcionarios públicos del municipio y por lo tanto, ya no tenemos acceso al expediente de esa controversia, pero por medio del Instituto de Acceso a la información Pública, sabemos que el último acuerdo que se dictó en esa controversia, fue el día 21 de septiembre del año pasado”, mencionó.
En dicho acuerdo, la SCJN tiene por recibidos ciertos documentos que el gobierno estatal mandó para justificar que la construcción del hospital está en camino. Dar respuesta era la primera obligación que tenía después de la sentencia.
La Suprema Corte, también le había dado al gobierno del estado, la opción de buscar financiamiento para construirlo en otro tiempo, “pero lo que sabemos es que el gobierno no ha cumplido con ninguno de los dos, el terreno continúa abandonado”.
