Citlalli López/ORO Noticias
OAXACA, Oax. Con violaciones graves como tortura y abuso sexual, Oaxaca se ubica dentro de las 12 entidades con el peor desempeño para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así lo señala el índice INDHPOL elaborado por especialistas en datos con activistas en temas de derechos humanos.
De acuerdo con el análisis publicado por el Observatorio de Prisiones, la calificación global de Oaxaca fue de 0.37. El índice mide tortura y malos tratos, condiciones dignas, corrupción, hacinamiento, gobernabilidad, derechos humanos, financiamiento y personal.
Las calificaciones asignadas van de 0 a 1, en donde 0 refleja el mejor desempeño relativo y el 1, el peor desempeño.
En el indicador Tortura y Malos Tratos, que se refiere a situaciones de violencia, tortura o abuso sexual que hayan sufrido las personas privadas de su libertad dentro de los centros penitenciarios por parte de custodios, otro personal que trabaja en el centro o por otros internos, la calificación de 0.55 asignada, lo ubica al estado dentro de los focos rojos.
Los estados con las peores calificaciones en este rubro fueron Estado de México, Ciudad de México, Baja California Sur, Puebla Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Sonora, San Luis Potosí, Tabasco, Morelos, Zacatecas y Oaxaca.
En el índice de gobernabilidad, que se refiere a la capacidad del centro penitenciario para mantener el orden y la convivencia pacífica en sus instalaciones, Oaxaca tuvo una calificación de 0.30, lo que la ubicó dentro de los 9 peor calificados.
En derechos humanos, que abarca componentes de integridad física-moral, estancia digna, gobernabilidad y reinserción social, la calificación fue de 0.48, casi en zona roja. En el caso de condiciones dignas fue calificado con 0.57 dentro de los 11 peores calificados. Lo mismo en presupuesto con 0.65.
En personal, es decir en número de internos por cada trabajador, la calificación mejoró con un 0.24, lo mismo que en hacinamiento con 0.12, y en corrupción que se refiere a las situaciones en las que las personas privadas de su libertad han tenido que pagar o se les ha pedido un pago por parte de algún servidor público, empleado de las prisiones, custodio u otro interno, en donde fue calificado con 0.07.
