Pedro MATÍAS
OAXACA, (pagina3.mx).- Servidores públicos que se nieguen acatar órdenes de protección a mujeres, de emergencia y preventivas por violencia serán castigados hasta con 10 años de cárcel.
También pueden ser destituidos del cargo e inhabilitados para desempeñar otro empleo o comisión pública.
Así lo establece la reforma al Código Penal que aprobó la 64 Legislatura local.
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