Comunicado
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación ante las posibles violaciones a los derechos humanos cometidos contra un joven con discapacidad, detenido después de un altercado en Esquipulas, Santa Cruz Xoxocotlán.
Ante ello, el organismo defensor inició el expediente DDHPO/CA/059/(01)/OAX/2021 dentro del cual, solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Estado como medida cautelar la adopción de ajustes razonables para que se realice un proceso diferenciado tomando en cuenta la condición de discapacidad del joven.
Asimismo, la Defensoría de los Derechos Humanos pidió a la Fiscalía General del Estado, le informe acerca de los ajustes razonables realizados para la vinculación a proceso, y que investigue la posible existencia del delito de abigeato cometido en perjuicio de la persona vinculada a proceso.
Mientras que, al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, requirió un informe en relación al conocimiento que tenga de los hechos y el grado de intervención respecto al proceso de detención del joven.
La Defensoría observará que la Fiscalía garantice los derechos del joven a partir de su condición de discapacidad intelectual, y tome en cuenta los hechos y sus propias circunstancias, en particular, el derecho a la legítima defensa, que pudiera aplicarse en este caso, para no incurrir o propiciar una injerencia del Estado que no encuentre justificación en el ámbito de los derechos humanos.
En cuanto al órgano jurisdiccional –no obstante la independencia judicial– el organismo autónomo protector de derechos humanos, observará el ejercicio de sus facultades conforme a las mejores prácticas del derecho comparado, siempre a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. En este caso, desde su posición de institución defensora de acuerdo con la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales universalmente reconocidos.
La Defensoría explicó que las personas con discapacidad intelectual tienen derecho, en el ámbito de la defensa penal a una intervención especializada, tanto de la Fiscalía como del Tribunal, para respetar su dignidad y su efectivo derecho de acceso a la justicia, al punto que, todos los derechos específicos del proceso se deben administrar a la persona de manera tal que resplandezcan por su efectividad en el caso concreto.
En consecuencia, dijo, es necesario que las instituciones hagan los ajustes razonables al procedimiento para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, ya que el no hacerlo implicaría un acto de discriminación por parte del Estado.
Las personas con discapacidad que enfrentan un proceso penal sin los ajustes razonables al procedimiento y sin apoyo en la toma de decisiones, están en un estado de denegación de acceso a la justicia por las barreras con las que se encuentran dentro del proceso, lo que se traduce en violaciones a sus derechos humanos.
La Defensoría recordó que el Estado tiene la obligación de eliminar las prácticas que vulneren los derechos humanos de las personas con discapacidad, y transformar los procedimientos y políticas públicas para que sean inclusivas y garanticen la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
