Citlalli López / redaccionoaxaca.com
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) en Oaxaca inició de oficio expedientes de investigación sobre los casos de renuncias de las presidentas municipales de Santiago Tamazola y San Miguel Ahuehuetitlán, así como en los de San Juan Colorado y San Juan Bautista Tlacoatzintepec.
Tras lo documentado en los medios de comunicación, la Fepade solicitó a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca que verificara los casos de Tamazola y Ahuehuetitlán y que entrevistara de manera personal a las mujeres involucradas en las renuncias a su cargo como presidentas, precisó la titular de la Fepade en Oaxaca, Aracely Pinelo López.
La finalidad fue deslindar responsabilidades o confirmar lo expuesto en la prensa, de tal manera que si se estaba cometiendo un delito se abriera la carpeta de denuncia correspondiente.
Tanto Anayeli Huerta Atristaín quien había sido electa presidenta de Tamazola y Fidela Bernarda Cuenca Fermín en Ahuehuetitlán, confirmaron que presentaron su renuncia porque no querían ejercer el cargo.
“En esta primera entrevista no se dedujo ningún hecho que pudiera tipificarse como delito, eso no quiere decir que como fiscalía no vamos a estar al pendiente de cómo se vayan desarrollando los hechos y sobre todo se siguen otras líneas de investigación para deslindar que hayan sido coaccionadas o amenazadas”, subrayó.
La intervención de la fiscalía -asentó- se hizo con personal capacitado en materia de violencia de género.
Pinelo López señaló que, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, en una primera instancia será el Congreso del Estado quien analice los casos y determine lo conducente, sin olvidar que es la Secretaría General de Gobierno quien acredita a las autoridades.
La fiscala señaló que en ambos casos se debe privilegiar el principio de paridad y todas las instancias deberán de estar vigilantes de que se cumplan.
“Efectivamente en estos municipios fueron electas mujeres. Hay criterios también para que se respete que sea una mujer quien asuma el cargo. En caso de que se diera un acto de autoridad en donde no se cumplan con los criterios, se puede acudir a otras instancias y tendrá que ser resuelto por el Tribunal Estatal de Oaxaca o a través de un Juicio de Protección de los Derechos Políticos (JDC)”, explicó.
En los casos de San Juan Colorado y Tlacoatzintepec, en el primero en donde negaron el bastón de mando a la presidenta Tania Remedio Arias y en el segundo en donde hubo amenazas contra Marta Régules Mendoza para que no asumiera el cargo, personal del ministerio público de Teotitlán y Pinotepa, se constituyeron a efecto de tomar las declaraciones de cada una de las afectadas y analizar si se configura algún delito y de qué tipo.
