Patricia Briseño/ORO Noticias
OAXACA, Oax. El arresto hasta por 36 horas en caso de resistirse a usar cubrebocas durante la emergencia sanitaria, decretado por la administración estatal, invade facultades federales y viola las garantías, sostuvo el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH).
Sara Méndez Morales, fundadora del Comité expuso que “la medida es violatoria de los derechos humanos, especialmente de comunidades indígenas y afromexicanos, y otros muchos grupos que día a día deben salir a la calle para ganar el sustento diario”.
En entrevista, la activista sostuvo que el arresto hasta por 36 horas es inviable, pues el decreto no especifica los supuestos y deja al arbitrio de las autoridades estatales y municipales, la aplicación de las sanciones administrativas.
“Esto puede constituir abusos de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos al contravenir lo establecido en la Constitución Política federal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señaló.
Optar por alternativas
De acuerdo con la excomisionada de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, el decreto invade la esfera de competencia federal, pues la Constitución en su artículo 29 estrictamente confiere al presidente la restricción de garantías, “quien hasta ahora no ha decretado la reducción de las libertades, toque de queda, ni dará el control del país al Ejército Mexicano para contener la expansión del virus.
Además, destacó que el desabasto de cubrebocas y el encarecimiento en el mercado, en medio de la crisis económica, obligará a las familias a comprar uno o varios artículos de ese tipo, en vez de alimentos para subsistir. “Es otro problema a resolver”, insistió.
Méndez Morales opinó que el gobierno estatal debe optar por alternativas más integrales para evitar el contagio y la propagación del coronavirus, como garantizar el derecho a la salud, a través de infraestructura adecuada en los hospitales, así como el suministro de medicamentos, recursos humanos y materiales para hacer frente a la contingencia sanitaria, no solo en las unidades destinadas a la atención de esta pandemia.
Finalmente, se pronunció por que la administración estatal también debe garantizar el derecho a la información de toda la población sobre las medidas de prevención, para evitar situaciones de criminalización, como recientemente ha sucedido con el personal médico, pues se puede hacer extensivo a personas sin cubrebocas en las calles.
