Foto: Mario Jiménez.
Notimex
MÉXICO. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca denunció que a tres años de la represión en Asunción Nochixtlán, sólo hay investigaciones inconclusas sin detenidos por los siete muertos y 174 heridos en el operativo de las policías Federal y Estatal contra maestros de la CNTE que protestaban contra la Reforma Educativa.
En el caso, que sigue abierto, tampoco ha habido reparación integral del daño a las víctimas por dichos excesos policiales, ni se ha definido la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), hubo uso excesivo de la fuerza de la Policía Federal, Gendarmería de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigación, que buscaban desbloquear la carretera Oaxaca-Puebla.
La entonces Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que las fuerzas federales participaron en el operativo a petición del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. Aseguraron que no estaban armados, pero posteriormente medios de comunicación y organismos de derechos humanos documentaron lo contrario.
Al respecto, el defensor de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, dijo que aún no hay justicia para las víctimas, ni reparación del daño, ni siquiera detenidos por las graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Nochixtlán.
Agregó que el caso sigue abierto en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía Estatal, lo cual evidencia los nulos resultados en las investigaciones. «No hay detenidos, no se ha señalado a algún responsable por los muertos y heridos».
En junio de 2018, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), indicó que las autoridades mexicanas seguían sin aclarar lo ocurrido, por lo que aún está lejos de alcanzarse la verdad y justicia que tanto las víctimas como la sociedad demandan.
Agregó que para la ONU-DH es preocupante que desde que ocurrieron los hechos, en diversas declaraciones el Estado ha culpado a pobladores y manifestantes, y ha rechazado la responsabilidad de las autoridades en los dolorosos eventos.
“A lo largo de este tiempo han surgido legítimas dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia con que se ha conducido la investigación”, señaló Rodríguez Alamilla.
El 18 de octubre de 2017, la CNDH emitió la Recomendación 7VG/2017 por los hechos de violencia en Nochixtlán, Oaxaca, donde se expone que dicho operativo “estuvo indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, en que no se observaron plenamente los protocolos de actuación, en especial por lo que hace al uso legítimo de la fuerza”.
Destacó que como consecuencia de ello hubo siete personas fallecidas y 174 lesionados. De ellos 149 en Nochixtlán, de los cuales 45 fueron por arma de fuego, nueve en Huitzo y 16 en Hacienda Blanca, uno fue por arma de fuego.
Además, 171 pobladores fueron afectados físicamente por gas lacrimógeno, de los cuales 84 se encontraban en Nochixtlán, 25 en Huitzo y 62 en Hacienda Blanca. También, hubo 106 elementos policiales lesionados.
Dicha recomendación por violaciones graves a derechos humanos estuvo dirigida al gobernador de Oaxaca, al comisionado nacional de Seguridad y al procurador General de la República y al fiscal general de dicha entidad.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expuso en la recomendación que “hubo afectación generalizada que impactó el tejido social de la colectividad, y que fueron vulnerados, entre otros derechos, los relativos a la vida, a la libertad a la integridad y seguridad personal, al principio del interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, al acceso a un recurso efectivo, así como a la justicia y a la verdad”.
