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Cuestionan sobre préstamo por fraude de despensas

Dic 8, 2016

NATHALIE GÓMEZ

Huajuapan de León, Oax.- El síndico procurador de justicia y seguridad pública de Huajuapan, Celestino Rivera Galicia, cuestionó en sesión de cabildo quién solventará el préstamo que se hizo de Tesorería a las y los defraudados de este municipio, a quienes les habían prometido que les entregarían despensas a cambio de entregar recursos económicos pero no les cumplieron.

Esto, a raíz de que en octubre del 2015, el hoy presidente municipal de Huajuapan, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, dio a conocer que se pagaría el dinero que la asociación Juntos Venceremos pidió a alrededor de 800 personas, siendo alrededor de 200 mil pesos, por dicho fraude.

El presunto apoyo consistiría en la entrega de una despensa mensual integrada por 18 productos por un lapso de seis meses, además de un monedero electrónico por mil pesos y un kit de limpieza.

José Tomás Martínez, representante de la fundación Juntos Venceremos, en el mes de agosto de ese mismo año dio a conocer que las despensas no se habían entregado porque el camión que las trasladaba sufrió un asalto.

De ello no hay registro ni legajo de investigación; se comprometió a entregarlas a más tardar el 15 de septiembre pero hasta la fecha, no lo han hecho ni se han presentado en esta ciudad.

Los primeros días de octubre del 2015, las autoridades municipales informaron que esperarían 15 días para concretar si se trataba de un fraude o esperar a que la asociación Juntos Venceremos, lapso que se venció.

“Nosotros agotamos la espera, no se cumplió con la entrega de despensas, vamos a proceder entonces contra los responsables por la vía legal y administrativa, pero a ningún beneficiario se le va a dejar a la deriva”, expresó el edil aquella fecha.

Agregó que pidió al entonces contralor municipal Carmelo Hernández Pérez, que de inmediato resolviera la situación para determinar la injerencia que tuvieron funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que a decir de los afectados, fueron quienes invitaron a la ciudadanía a participar y cobraron los recursos económicos.

Aclaró que la devolución del recurso por parte de Tesorería, sería únicamente un préstamo que tendrían que solventar en su momento quienes resultaran responsables.

Ya se mandaron las denuncias, dijo, y se espera que se presenten las restantes ante el Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca,, para que se refuerce la misma, se reparen los daños y en su caso, se liberen las órdenes de aprehensión correspondientes.

“Aquí el Ayuntamiento no tiene que devolver nada porque no tiene nada que ver, sin embargo, es gente que tampoco la vamos a dejar sin protección y si tiene algo que ver personal del municipio, vamos a encargarle la responsabilidad y devolución, mientras se consigue que se pague quien lo debe pagar”, dijo el 27 de octubre de 2015.

Los concejales pidieron entonces informar cuánto dinero se tomaría de la Tesorería para darle a los 800 afectados por esta organización de la que no existe mayor información y aun así, fue recomendada por funcionarios del ayuntamiento municipal (DIF), que se tomen las medidas de precaución necesarias y que se resuelva antes de terminar la administración.

Ante ello, se le pagó a los defraudados con dinero del erario, no obstante, a prácticamente tres semanas de que concluya la presente administración, no se ha determinado quién es el responsable de devolver ese recurso de las y los huajuapenses.

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Ante el cuestionamiento del síndico, el tesorero municipal Lauro Alejandrino García Méndez (quien suplió a Musio Manuel Morales que pidió licencia para formar parte de la planilla del blanquiazul en la pasada contienda electoral), dijo que aún no se determinaba esta situación.

Además, la contraloría municipal permaneció en silencio con respecto ante éste y otros casos, y lo manifestaron los concejales cuando el contralor pidió licencia también para participar en las elecciones pasadas y ante la negación del permiso, renunció.

A decir de las y los afectados, quien debe responder en primer lugar por el fraude de más de 200 mil pesos (contemplados solo quienes pudieron comprobar que dieron sus recursos), son las dos personas señaladas del DIF municipal y un regidor que fue quien les “recomendó” promover el supuesto programa.

 

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