NATHALIE GÓMEZ/@Nathalie_fx
Huajuapan de León, Oax.- Después de un minucioso análisis, la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de funcionarios del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 46 con sede en esta ciudad de Huajuapan, al haber corroborado que las supuestas irregularidades de que los acusaban no se cometieron.
La denuncia había sido interpuesta por un litigio de tierra entre un particular y la agencia municipal de Natividad, perteneciente al municipio de Santo Domingo Tonalá, hace dos años.
Supuestos abogados, quienes se dijeron “expertos en materia agraria” denunciaron a José Martín López Zamora, entonces Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en esta ciudad y otros funcionarios más, ante la Procuraduría General de la República, por el delito de ejercicio ilícito de servicio público.
Esto fue presuntamente por “alterar documentación, cambio de contexto y sustracción ilegal de documentos oficiales”, informó personal del TUA.
Sin embargo, las pruebas fotográficas que los supuestos abogados dijeron tener en su poder y con las cuales pretendieron basar su denuncia, fueron declaradas de origen incierto o dudoso.
Además, “la Agencia del Ministerio Público Federal tomó en consideración las contradicciones en las que constantemente caían los supuestos abogados durante todo el proceso de la denuncia”.
Dicho órgano de justicia, determinó entonces el no ejercicio de la acción penal en contra de López Zamora, y los demás funcionarios.
En el TUA, consideraron que “la denuncia fue presentada por abogados frustrados y resentidos, quienes al no serles favorable la resolución emitida por el Tribunal Agrario, maliciosamente pretendieron basar su denuncia en palabras y documentos sin ningún tipo de fundamento”.
Con ello, “intentaron poner en duda el honor y buen prestigio del Tribunal Agrario y del personal que aquí labora, pues al no asistirles la razón en las demandas presentadas ante los Tribunales Agrarios buscaron presionar a los funcionarios, difamándolos con denuncias sin sustento legal”.
Además, consideraron que esto únicamente generó pérdidas de tiempo y gastos económicos, “tratando de engañar a las personas haciéndoles creer que hay más denuncias y/o quejas en contra del personal del Tribunal Agrario”.
Aseguraron que “esto también resulta ser totalmente falso, con lo que se logra evidenciar la falta de profesionalismo y de conocimiento en la materia de quienes se dijeron abogados expertos en materia agraria”.
