Pedro Matías / pagina3.mx
OAXACA, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) investiga el caso de dos mujeres policías viales que fueron desnudadas, toqueteadas y auscultadas en sus partes íntimas por autoridades de Santa Lucía del Camino sólo por haber pretendido “infraccionar” al regidor de Hacienda, Jorge Alberto Gamiño García en un operativo de alcoholimetría.
La Defensoría inició el expediente DDHPO/943/(01)OAX/2016 donde son denunciados el regidor de Hacienda, Jorge Alberto Gamiño García; el director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Pedro Francisco Cruz y a la Policía primera encargada de vialidad; Flor de María Peralta, todos ellos del municipio de Santa Lucía del Camino.
Las mujeres policías que además de ser vejadas y violados sus derechos humanos fueron obligadas a firmar hojas en blanco, razón por la que la defensoría emitió medidas cautelares ante posibles abusos de poder, al tiempo que solicitó que se abstengan de presionar a agentes de vialidad para que renuncien
Las agentes de vialidad relataron que la madrugada del pasado 16 de abril se encontraban participando en el operativo de alcoholimetría en Santa Lucía del Camino donde le marcaron el alto a un vehículo modelo Atos.
Al acercarse a esa unidad, percibieron aliento alcohólico en su conductor, por lo que le solicitó presentar sus documentos, a lo que dicha persona se negó, identificándose de manera agresiva como chofer del regidor de Hacienda de Santa Lucía del Camino, Jorge Alberto, quien ocupaba el asiento del copiloto. La reclamante añadió que el conductor le ofreció dinero, a lo que ella se negó.
Como sus jefes les han dado la instrucción de que, cuando los interceptados en el alcoholímetro trabajen en el municipio de Santa Lucía del Camino y presenten aliento alcohólico o cometan infracciones, únicamente les hagan “recomendaciones” y eran “influyentes”, eso fue lo que hicieron, los dejaron pasar el filtro sin mostrar sus documentos.
Sin embargo, el Regidor de Hacienda y su chofer acudieron a la sede policíaca de Santa Lucía del Camino para quejarse de las agentes viales, argumentando que les habían quitado dinero, por lo que enseguida el director de Seguridad Pública municipal dio la instrucción de detener y revisar a las dos agentes viales.
Inmediatamente, policías encargados de vialidad las detuvieron en el mismo sitio del filtro, las pusieron contra una pared, las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo, y las obligaron a quitarse las botas, calcetines, suéter y billeteras, sin encontrar el dinero que buscaban.
Ambas agentes refirieron que, después, las trasladaron en una patrulla a las oficinas del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Una vez allí, les ordenaron desvestirse completamente, y ya desnudas, les ordenaron hacer sentadillas. Posteriormente las regresaron a donde se encontraban realizando el alcoholímetro.
El comandante Pedro Francisco Cruz les pidió entregar el dinero, argumentando que aún podía hacer algo para que no las corrieran o, si no, que solicitaran su baja voluntaria antes de que procedieran contra ellas, “porque se iban a manchar sus documentos”.
A esto las quejosas respondieron que no habían tomado dinero alguno. Aun así, en la corporación las obligaron a firmar dos hojas que sólo contenían sus nombres completos, por lo que temen que usen en su contra esas hojas firmadas.
Las mujeres agraviadas por sus propias autoridades recurrieron a la defensoría a fin de que investigue el actuar de los citados funcionarios.
La Defensoría, en consecuencia, solicitó al encargado de la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Carlos Girón Navarrete, instruir a los servidores públicos involucrados en los hechos para que en un plazo de cinco días hábiles emitan un informe detallado, a fin de que el organismo defensor de seguimiento al caso.
También pidió al encargado de dicha presidencia municipal la adopción de una medida cautelar consistente en instruir a las y los servidores públicos involucrados para que se abstengan de causar a las agraviadas actos de molestia que carezcan del debido fundamento y motivos; y que, específicamente, se abstengan de coaccionar a las peticionarias para que renuncien a su empleo.
En la misma medida cautelar, la Defensoría solicitó que, de no existir impedimento legal, se permita el ingreso de las peticionarias a su centro de trabajo, ya que de lo contrario los funcionarios municipales podrían incurrir en responsabilidad administrativa o incluso penal, según lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
La Defensoría advirtió al encargado de la presidencia municipal de Santa Lucía que la falta de rendición de informes que solventen la medida cautelar, o el retraso injustificado en su presentación, tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos reclamados, salvo prueba en contrario.
