Congreso pide explicación sobre retrasos en proyecto del Sitibus

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Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. La 64 Legislatura pidió a los titulares de la Secretaría de Administración, German Espinoza; Finanzas (Sefin), Vicente Mendoza Téllez Girón; Movilidad, Mariana Nassar Piñeyro; y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Ortega, explicar por qué razón el proyecto “Apoyo a la Movilidad y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca”, el cual formaba parte del proyecto “Sistema Integral de Transporte de Oaxaca (SIT)”, mejor conocido como Sitibus, no ha iniciado, la infraestructura está abandonada y si por negligencia no se han iniciado las responsabilidad de los funcionarios de la administración de Gabino Cué Monteagudo, implicados.

Por lo pronto, pidieron a Díaz Ortega dar seguimiento a los expedientes que se hayan formado, derivados de la ejecución del gasto del proyecto en el sexenio de Cué Monteagudo.

En el dictamen de la Comisión de Movilidad de la 64 Legislatura, aprobado por el pleno, se establece que Alberto Vargas Varela, exsecretario de Administración, debe de responder ante la Justicia y ante los oaxaqueños por erogar millonarias cantidades, violando disposiciones de la ley de adquisiciones.

Vargas Varela; Pablo Arturo Negrete Santiago, exdirector de Patrimonio en la Secretaría de Administración; Jorge Alberto Colín Castellanos, ex jefe de la unidad técnica de obra de la secretaria de administración; Pedro Alejandro Anieva Valencia, exjefe del departamento; Alberto Juventino Espinoza García, exjefe de supervisión de la Secretaría de Administración, habrían incurrido en un perjuicio al erario por 900 millones de pesos en el proyecto Sitibus.

De acuerdo a últimos resultados preliminares de las indagatorias de la Secretaría de Administración, Contraloría y Fiscalía Anticorrupción, se estableció que el posible delito en el que incurrieron esos ex funcionarios del exgobernador, Gabino Cué Monteagudo, son uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, coalición de funcionarios y peculado.

El proyecto denominado “Apoyo a la Movilidad y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca” se estableció en el contrato con la empresa GAMI, Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V.

Fue el pasado 15 de noviembre del 2014, cuando el entonces ex subsecretario de Finanzas, Alberto Benítez Tiburcio, emitió el oficio de autorización para la ejecución de ese proyecto por el monto de 450 millones de pesos a Vargas Varela.

El exsecretario de Administración -según el expediente- el 29 diciembre del 2014, celebró el contrato con la empresa GAMI por un monto total de 509 millones 181 mil 740 pesos.

Sin embargo, los funcionarios imputados habrían celebrado contratos de obra para la infraestructura sin tener la facultad para ello, realizaron pagos de obra sin ejecutar, pagos en exceso, omitieron hacer valida la fianza de cumplimiento, por la falta de planeación se adquirieron 38 camiones Dina que consecuentaron el deterioro y depreciación de la unidad, ocasionado en su conjunto un perjuicio al erario público por más de 900 millones de pesos.

Las unidades de transporte que Vargas Varela, adquirió para integrarlas al proyecto del Sitibús tuvieron un costo de 4 millones 651 mil pesos.

Las unidades, tipo Dina Linner Padrón 12 modelo 2016, fueron fabricadas por la empresa mexicana Camiones Dina, SA de CV con sede en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

La administración de Cué Monteagudo adquirió las unidades en 2016, sin licitar a 4.6 millones de pesos cada camión. En contra parte, el ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, compró para su proyecto de movilidad urbana el mismo modelo, pero pagó por cada unidad 2.9 millones de pesos, es decir, 1.7 millones de pesos menos que Oaxaca.

Vargas Varela pagó un sobre costo de 1.7 millones de pesos por camión.

Asimismo, se descubrió el pago de 13 millones de pesos a una empresa fantasma quien presuntamente se encargó de supervisar que las obras se llevarán a cabo y fueran concluidas.

Pese a ello, la empresa cobró 13 millones de pesos en dos exhibiciones: la primera fue por 5 millones de pesos en el año 2014 cuando las obras aún no iniciaban, y un segundo pago por 8 millones de pesos corresponde al año 2016, periodo en el que deberían estar concluidos los trabajos, lo cual no ocurrió.

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