Jaime Guerrero
OAXACA, Oax. El aumento del precio del servicio del transporte público urbano concesionado fue pactado desde el 2017 por la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), sin embargo, se ha aplazado por la coyuntura del proceso electoral y las posiciones encontradas al interior del gobierno del estado, para no ganarse adeptos negativos.
Hoy, el servicio de transporte público enfrenta riesgo de “paro por insolvencia”, porque los costos de operatividad e insumos han rebasado los ingresos, aseguró la presidenta de la Sociedad Cooperativa Choferes del Sur, Alejandra Gómez Candiani.
De acuerdo con un estudio realizado por los transportistas y entregado a la Sevitra, para tener liquidez, el costo del pasaje debería de establecerse en 13 pesos, sin embargo, Gómez Candiani admitió que eso será posible.
Por lo pronto, la propuesta planteada en la mesa al también concesionario del servicio de transporte urbano y encargado de la Sevitra, Alejandro Villanueva López, es de 10 pesos. La contra propuesta del también socio de Sertexa es de 50 centavos.
En medio de la polémica por el alza al precio del servicio de transporte urbano, Gómez Candiani, confirmó que lo único certero es que se autorizará el alza, pero aún no se establece de cuánto y cuándo será.
La próxima reunión entre los concesionarios y la Sevitra, en la que ha mediado la Secretaría General, ante la falta de oficio de Villanueva López, está programada para mañana martes.
De entrada, la presidenta de la Sociedad Cooperativa Choferes del Sur, admitió que no aceptarían los 50 centavos propuestos por la Sevitra.
“Nosotros traemos un método brasileño, que es muy bueno, ahí nos arroja casi 13 pesos, pero me queda claro que eso es imposible, es la realidad por los costos que tenemos de combustible y de todos los insumos de los camiones. Sevitra no sé en qué se basa para el ofrecimiento que está haciendo, considero que no es viable y les pedimos que revisen lo que nosotros tenemos hecho con base en números reales y podamos determinar un acuerdo”.
Además, reconoció que si bien como concesionarios tienen que realizar mejoras en las unidades y el servicio que se presta, también requieren que el gobierno del estado cumpla con su responsabilidad de garantizar seguridad para que las unidades no sean vandalizadas por agrupaciones sociales y sindicatos durante sus movilizaciones.
Por lo pronto, confió en llegar a un acuerdo para seguir operando, porque dijo, no es por capricho, sino que han sido rebasados por los gastos de operación en el servicio de transporte público urbano concesionado.
