Históricamente en México, los gobiernos han utilizado el dinero público para promoverse y amordazar a los medios de comunicación críticos. Peor aún, los recursos públicos utilizados para estos fines han sido excesivos. El gobierno federal ha gastado 38 mil millones de pesos en comunicación social desde de 2013 hasta de agosto de 2017 sin ningún control y sin cumplir con los fines informativos que deben guiar dicha publicidad.
Peor aún, tal como ha documentado Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el gasto a nivel federal se ha sobreejercido en un 71.86% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Asimismo ha señalado que en 2015 los estados ejercieron 11 mil 895 millones de pesos, concentrando el 70% del gasto en los poderes ejecutivos. Los sobre ejercicios a nivel local siguen siendo una constante: se gasta el doble de lo que se presupuesta y, por ende, se deja de gastar en rubros prioritarios, como el socia
Esta tónica, caracterizada por el despilfarro y la censura, ha regido la relación de los medios informativos y el poder político en México, imponiendo un obstáculo para el desarrollo de un debate plural, crítico, desinhibido y robusto sobre los temas de interés público. Al condicionar el ejercicio de derechos humanos de la población ante la falta de diversidad informativa, se condiciona el proyecto democrático mismo.
Con base en lo anterior ARTICLE 19 reconoce la labor de protección de la libertad de expresión de la Suprema Corte. Al mismo tiempo exigimos al Congreso de la Unión la pronta discusión y aprobación de la ley que regule el gasto en publicidad oficial, en el marco de un proceso participativo donde se escuche a periodistas, representantes de medios de comunicación, academia y organizaciones de la sociedad civil.
