NATHALIE GÓMEZ/@Nathalie_fx
Huajuapan de León, Oax.- Falta de profesionalismo, mala fe y acciones arbitrarias por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal y la Contraloría de Huajuapan, denunció Amanda Mendoza Lara, habitante de esta ciudad.
En sesión ordinaria de cabildo, dio a conocer que el 10 de julio del presente año, puso una denuncia en Contraloría contra funcionarios de la instancia en la que manifestó que su hija, desde hace 18 años, ha sido paciente del DIF Municipal por prescripción médica por padecer parálisis cerebral infantil.
No obstante, el 5 de mayo del año en curso al presentarse con su hija a consulta, le entregaron un escrito en el que se hace un resumen médico en el que se le da de alta a la usuaria de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR).
La madre presentó todos los documentos que establecían que la paciente debía continuar en terapia por lo que puso su queja en la que destacó que no había argumentos para darla alta médica, pero como respuesta obtuvo que la señora tiene posibilidades económicas de acuerdo a un estudio socioeconómico.
“Dicho estudio nunca se me realizó, lo que se hizo fue una visita domiciliaria como se especifica en el oficio 545/2017 que envía la directora del DIF a Contraloría y que dicha prueba se admite y con ello se evidencia una falta más del procedimiento de la UBR ya que era responsabilidad de ésta actualizar el expediente con el respectivo estudio, del que nunca se me notificó como en años anteriores sucedía”, reclamó.
Denunció hostigamiento puesto que, sin avisar de qué se trataba, le tomaron fotografías a su esposo en su área de trabajo, así como en su vivienda sin dar aviso, “lo cual está mal porque yo no me niego a recibir a personal del DIF para el estudio socioeconómico que se me han hecho desde el 2002”.
Condenó que la Contraloría nunca se cercioró de lo que solicitó, pues a pesar de tener en el expediente del personal del DIF que existen paredes de concreto en una casa de dos plantas, ésta no cuenta con servicio de drenaje, por lo que tuvieron que hacer una fosa séptica.
Pidió vigilar el actuar de la Contraloría en el recibimiento de queja, que se nombre una comisión para supervisar el trabajo de la UBR del DIF municipal incluyendo sus trabajos administrativos.
Destacó que estas acciones pudieron derivar de un escrito presentado el 24 de enero de este año, en el que externó a la presidenta del DIF, Arely Tobón Reyes, su inconformidad por el actuar de la doctora Fany Ramírez Santiago quien le dijo que le llevara todas las indicaciones de los médicos atrasados, además de que el médico no supo hacer una revisión en el mes de marzo cuando acudió.
Como le informaron del alta o pre-alta, el 5 de mayo le dijeron que estaba dada de alta supuestamente por máximo beneficio, le entregaron un documento sin membrete ni sello, y luego pretendían hacerle firmar un documento en blanco, por lo que decidió acudir a Contraloría.
“Dicha instancia en lugar de ponerse a hacer su trabajo, me entregan una resolución firmada por 20 hojas en la que prácticamente me dicen que soy culpable por tener una hija con discapacidad y hasta la hacen llamar indigente”, aseveró.
Pidió calidad en el servicio, que no se le retire del servicio a su hija pues así lo manifiesta un especialista, que no se tomen represalias en contra de la paciente ni su familia. El asunto fue turnado a la comisión de salud y a la de gobernación.
