Por: Montserrat Antúnez Estrada/Cimacnoticias
Ciudad de México.- El congreso de Guatemala aprobó la semana pasada la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, pero no cuenta con recursos para su implementación en el presupuesto de 2018, denunció en entrevista el secretario ejecutivo del “Observatorio de los Derechos de la Niñez, Promoción e incidencia a favor de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca” (ODN Ciprodeni), Otto Rivera Álvarez.
En entrevista con Cimacnoticias, el activista informó que esta Ley busca que a los culpables de delitos sexuales se les identifique genéticamente (incluye a personas guatemaltecas y a violadores denunciados en el extranjero que visiten el país); y que cuando una persona que haya sido acusada de estos delitos termine su sentencia, deberá informar dónde vive y trabaja.
La legislación también plantea que todas las sentencias a agresores sexuales serán publicadas, pero no la identidad de sus víctimas y no se borrará de la base a los agresores. Además, ningún agresor sexual podrá trabajar en puestos que implique contacto con niñas y niños, al tiempo que señala que quien violente sexualmente a sus hijas e hijos perderá la patria potestad de ellos.
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