Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.
La mayoría de legisladoras y legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 19 Congresos estatales y en el Congreso federal es una esperanza para lograr la despenalización del aborto a nivel nacional, coincidieron legisladoras, académicas y feministas.
En la presentación del informe “Maternidad o castigo”, que se realizó este 30 de agosto en las instalaciones de la UNAM, la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés Noriega, se mostró optimista de que se puedan gestionar avances importantes en el Congreso.
La esperanza es que se despenalice el aborto a nivel nacional, una idea con la que coincidieron destacadas feministas como Marta Lamas y las legisladoras de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle y Patricia Mercado y de Morena, Malú Mícher.
En cuanto a la sugerencia de la abogada y futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de aplicar una amnistía para las mujeres privadas de libertad por aborto, las defensoras opinaron que esto sería “asunto de los Congresos locales”; pero lo dicho sería una señal importante, dijo la jurista Ana Laura Magaloni Kerpel.
De acuerdo con el informe las mujeres son criminalizadas por tener un aborto, aun cuando este es espontáneo, por ejemplo de 2007 y 2016, en total 850 mujeres enfrentaron un proceso por el delito de aborto y de enero de 2007 a diciembre de 2016 se dictaron 98 sentencias a mujeres por el delito de aborto.
El Estado falla en garantizarlas una vida libre sin violencia, se les niega u obstaculiza el acceso a la justicia, y las sentencias en su contra tienen rasgos sexistas y discriminatorios, por ello GIRE hizo un llamado a los Congresos locales para despenalizar el aborto al menos durante el primer trimestre de la gestación, marco jurídico que ya existe en la Ciudad de México desde 2007.
El informe de GIRE abarca un panorama completo, expone las legislaciones de cada estado, las causales que permiten el aborto y las sanciones que se imponen cuando no es legal, menciona las constituciones que “protegen la vida” de la concepción/fecundación, hace un recuento de los estándares de derechos humanos, muestra casos reales y cifras de criminalización por aborto y otros delitos relacionados.
Todos los estados de la República permiten la interrupción del embarazo si es producto de una violación; 15 contemplan este derecho si corre riesgo la salud de la mujer; 24 si hay peligro de muerte; 15 si fue por inseminación artificial no consentida; 16 por alteraciones congénitas o genéticas graves en el producto; y dos por razones socioeconómicas.
Las penas de prisión más altas, con hasta cinco años, son en Baja California, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tamaulipas. Mientras que en Chiapas, Michoacán y Veracruz no se contemplan penas privativas de la libertad por el delito de aborto. En la Ciudad de México se permite el aborto legal hasta la semana 12 de gestación.
Sin embargo, en algunos casos las mujeres son condenadas a sentencias mucho más largas cuando el delito que se les imputa no es aborto sino infanticidio u homicidio, como en el caso de Mónica, profesora de la Ciudad de Cadereyta de Montes, en Querétaro, quien en febrero de 2001 tuvo un parto fortuito en la letrina de la casa donde vivía, el caso fue documentado por GIRE.
Cuando tuvo el parto inesperado, Mónica se quitó la playera, envolvió al recién nacido, lo tomó en brazos y al ver que aún respiraba salió en busca de auxilio pero cuando se dio cuenta ya no respiraba. Ella intentó reanimarlo, sin embargo, no reaccionó. Poco después la señora de la casa que la albergaba la atendió y Mónica fue trasladada a un hospital donde le practicaron un legrado.
De acuerdo con GIRE, Mónica se encuentra privada de libertad, acusada del delito de homicidio calificado y aunque ella declaró que su parto fue fortuito la declararon culpable.
El 7 de noviembre de 2001 el juez le dictó sentencia condenatoria por 42 años de prisión. Esta sentencia fue recurrida y en segunda instancia, en enero de 2002, los magistrados disminuyendo la condena a 25 años de prisión.
Estas historias “dejan ver el contexto del que estamos hablando”, afirmó la profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni Kerpel, quien afirmó que el debate (sobre el aborto) “nunca está entrelazado” con la realidad.
La profesora destacó que nunca le había quedado tan claro, como en este informe, el vínculo de la criminalización de las mujeres con el sistema de salud. El personal de salud tiene la idea que pueden ser sancionados por practicar abortos. De hecho, el informe indica que la mayor parte de las denuncias por aborto en México provienen de los mismos prestadores de servicios de salud.
Hay estados que prevén entre seis meses hasta 10 años de prisión a los profesionales de la salud que cometan este delito. En el caso de Baja California el personal de salud puede ser condenado. Adicionalmente, hay suspensiones profesionales de hasta diez años.
Además, como parte de un patrón machista y discriminatorio, las mujeres que llegan a los hospitales y son tratadas como sospechosas, cuestionadas y maltratadas. Por ejemplo, GIRE documentó casos en los que las enfermeras llamaron a las mujeres “asesinas”.
Según el informe, cuando las mujeres son denunciadas, el Ministerio Público responde de inmediato y acude a los hospitales a interrogarlas aunque estén en camillas, lo que para esta organización es una violación del derecho al debido proceso.
En muchas ocasiones, los casos se basan exclusivamente en confesiones autoincriminatorias realizadas en contextos de emergencias médicas, “sin mayores pruebas que acrediten su responsabilidad”, expone el informe.
En otros casos, por falta de información, mala atención jurídica, y el trauma que sigue un parto fortuito y las acusaciones, las mujeres se consideran asesinas, narró José Luis Gutierrez Román, director de la organización AsíLegal que acompaña a casos en centros penitenciarios. Sólo después de preguntarlas cómo fue que supuestamente “asesinaron” a su hija o hijo, resulta que fue un parto fortuito o un aborto, declaró.
En tanto, el profesor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de laUNAM, aludió a la incertidumbre que viven las mujeres en el país, debido a las legislaciones tan distintas de cada entidad. Es una grave violación a la igualdad jurídica “que el lugar en que la mujer se encuentre a la hora de interrumpir el embarazo defina la manera de que es tratada”, destacó y llamó a las instituciones a armonizar la legislación con el Código Penal de la Ciudad de México.
Información sustraída: https://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/congresos-con-mayor-de-morena-podr-despenalizar-aborto
