Por Chiapas Paralelo
La Coordinadora de Personas Desplazadas en el Estado de Chiapas y el Centro de Derechos Humanos Ku’untik informaron por medio de un comunicado, el inicio de protestas en contra del Gobierno del Estado por el incumplimiento de acuerdos con las familias desplazadas del Ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo.
La Coordinadora indicó que el gobierno de Manuel Velasco Coello, ha fallado con los acuerdos firmados con las familias desplazadas y sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, por no cumplir con el pago de rentas del Ejido, lo que originó una incertidumbre de las familias.
“Hoy, 5 de septiembre de 2018, la propietaria de la bodega donde se encuentran alojados desde hace 9 años les exige desalojen el lugar, ya que el gobierno de Manuel Velasco Coello se comprometió en cubrir los pagos sin que lo haya hecho desde hace 11 meses dando un total de $60,500.00 pesos de deuda por renta” detalló el comunicado.
El Centro de Derechos Humanos explicó que Velasco Coello se comprometió en cubrir las necesidades básicas de las y los desplazados, sin embargo, no han sido efectuados en su mayoría, lo que pone en riesgo la integridad física de las personas por la insuficiencia de alimentos y atención médica.
Las familias desplazadas responsabilizaron al gobierno del Estado y a Manuel Velasco por su falta, ante cualquier desalojo forzado dentro del Ejido Cintalapa.
En el mes de junio, cerca de 500 hombres, mujeres, ancianos y niños desplazados de cuatro comunidades en cuatro diferentes municipios del estado de Chiapas, decidieron unirse y crear una organización para exigir así al gobierno estatal y federal cumplir con los ordenamientos legales locales, nacionales e internacionales para lograr pronto su retorno a sus lugares de origen.
Tanto la Coordinadora como el Centro de Derechos Humanos señalaron que existe una preocupación latente en el cumplimiento de las personas desplazadas del del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó, Ejido Tenango del municipio de Ocosingo, Comunidad Shulvó del municipio de Zinacantán y las personas desplazadas en el municipio de Huixtla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió habilitar para 10 comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y una de Chenalhó sitios cerrados, adecuados y con los servicios indispensables de alojamiento que permita a las personas desplazadas, resguardarse de las condiciones climáticas, también deben contar con colchones, colchonetas y mantas, sin embargo, también han presentado diversas carencias.
