Jaime Guerrero
OAXACA, Oax. El titular de los servicios de salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla admitió que el gobierno del estado no tiene la infraestructura ni los recursos para atender los casos de abortos, luego que el Congreso del estado, reformó el Código Penal para interrumpir legalmente el embarazo después de la semana doce de gestación.
En conferencia de prensa, destacó que las unidades médicas ni los hospitales del estado cuentan hasta estos momentos con la infraestructura, equipamiento ni los recursos necesarios para practicar la interrupción del embarazo.
A pesar de que la 64 Legislatura ya aprobó la reforma legal, así mismo el funcionario concedió que no cuentan con el material para practicar ese proceso ni los médicos están capacitados, quienes no cuentan con los conocimientos para poder realizarlo.
Pese a ello admitió que tienen que acatar lo dispuesto por la 64 Legislatura, debido a que la reforma al Código Penal ya entró en vigencia y fue publicada en el Periódico Oficial del estado aún cuando destacó que el conocimiento es un espacio formativo que les permite aplicar el aborto.
En el tema de infraestructura y los recursos, la intención del gobierno de Oaxaca es ponerse sobre la mesa ante la Federación y ser ellos quienes administren los recursos e insumos necesarios para cumplir con esa práctica ya legalizada en Oaxaca.
Sin embargo, al gobierno de Oaxaca sólo le toca el ámbito público, respecto a los médicos aclaró que serán respetuosos en cuanto a aquellos que no quieran hacer una práctica de aborto.
No obstante, dijo que se deberá respetar la ley y concretar el proceso de salud pública, Casas Escamilla reportó que en lo que va del año en Oaxaca se han practicado 3 mil abortos.
Por la mañana integrantes del área médica “Por la Vida Oaxaca” anunciaron que presentaron una iniciativa de objeción de conciencia médica, con lo que buscan salvaguardar los derechos de actuar y no actuar ante una acción o instrucción, que vaya en contra de la ética médica, esto ante la aprobación del aborto en la entidad.
La médico, Adriana Jáuregui Soto, informó que esta iniciativa fue presentada el pasado 10 de noviembre al Congreso del estado, con la finalidad que no se les obligue a cometer una acción que este en contra de su juramento hipocrático.
