- A pesar de órdenes judiciales de Juzgados de Distrito, Estado mexicano evade cumplimiento y pone en grave riesgo salud de las personas migrantes.
- A la fecha el Consejo de Salubridad no ha ordenado que se dicten medidas efectivas que protejan a esta población. Las medidas adoptadas no son suficientes.
Entre abril y mayo, organizaciones de la sociedad civil del norte, centro y sur del país hemos promovido nueve amparos a favor de la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encuentran en el país, no obstante el gobierno mexicano ha sido omiso en su cumplimiento poniendo en riesgo la salud de esta población en el contexto de la actual crisis sanitaria que enfrentamos por coronavirus.
Los amparos promovidos en Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tijuana, Veracruz y Nuevo León solicitan al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud (federal y estatales), a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo Federal, tomen las medidas necesarias para garantizar a la población migrante y solicitante de protección internacional en México (incluida la población expulsada de Estados Unidos -y que México ha aceptado, y aquella retornada a nuestro país bajo el Protocolo “Quédate en México”) acceso a la salud, a una estancia regular, a una vivienda digna, así como la suspensión de las detenciones migratorias, y la libertad de la personas detenidas en estaciones migratorias.
A la fecha, seis amparos se han resuelto a favor de la población migrante, el resto se encuentra en revisión o a la espera, no obstante, autoridades del Estado mexicano no han cumplido con las órdenes judiciales, por el contrario las han evadido. Las autoridades han sido omisas en dar cumplimiento a lo señalado por el Poder Judicial o han simulado su cumplimiento, por ejemplo a través de deportaciones masivas sin debido proceso; liberando a la población migrante dejándola a su suerte; o siendo poco claros sobre las medidas sanitarias, de asistencia, de salud y protección que se están tomando para garantizar la vida y la salud de las personas expulsadas desde Estados Unidos.
En el caso de la resolución en la Ciudad de México las autoridades responsables no han rendido los informes solicitados, niegan los hechos y no proporcionan documentación o testimonios que acrediten que se están dando cumplimiento a todo lo señalado en la suspensión.
Por lo anterior y en un visible desacato a lo ordenado por el Poder Judicial, en las diferentes entidades del país, llamamos a las autoridades responsables de la política migratoria en México al cumplimiento urgente y estricto de las resoluciones dictadas por los jueces federales. Asimismo, urgimos al Poder Judicial de la Federación a ordenar la notificación de sus resoluciones de forma expedita, ante la urgencia, y a través de cualquier medio disponible (teléfono, fax, correo electrónico institucional), a efecto de que se cumplan sus resoluciones.
Se hace también un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que garantice que la plataforma electrónica funcione correctamente, en tanto que algunas organizaciones civiles hemos tenido dificultad para ingresar las demandas y para poder revisar en tiempo real los expedientes electrónicos.
En esta época de pandemia, las instituciones del Estado que protegen y garantizan los derechos de las personas deben funcionar de forma efectiva. El acceso a la justicia y a los derechos básicos se deben considerar actividades prioritarias.
Cabe señalar que los amparos fueron promovidos: el 14 y 15 de abril en Tijuana ante el juzgado 5° de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de Baja California; el 17 de abril en Tapachula ante el Juzgado 3° de Distrito; el 23 de abril en Tabasco ante el Juzgado 7° de Distrito; el 16 y 23 de abril en la Ciudad de México ante el Juzgado 1° y 2° de Distrito Administrativo; el 23 de abril, uno en Veracruz ante el Juzgado 19° de Distrito; y otro, en Nuevo León ante el Juzgado 3° de Distrito Administrativo; y el 12 de mayo ante el Juzgado 2° de Distrito.
Firman,
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. (FJEDD), Derechoscopio, A.C.; Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. (DLM), Asylum Access México (AAMX) A.C., Alma Migrante, A.C.; Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Casa Arcoiris Albergue Temporal, A.C.; Instituto de Geografía para la Paz, AC (IGP); Fundación Regalando Amor, A.C.; Casa de Oración del Migrante, A.C; OMADES, A.C.; Pueblo Sin Fronteras, A.C.; Espacio Migrante, A.C.; COBINA, A.C.; Primera Embajada Migrante, A.C.; Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Migrantes México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Claudia Martínez Medrano, Jocelín Mariscal Agreda y Melissa A. Vértiz Hernández, Secretaría Técnica.
