Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Cimacnoticias
CIUDAD DE MÉXICO.-Mujeres ejidatarias de La Sierrita de Galeana, en Durango, esperan que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto, dicte sentencia en contra de la minera canadiense La Platosa, de Excellon Resource, por haber defraudado a su ejido.
Esta resolución, apegada a Derechos Humanos (DH), sería un precedente nacional de la defensa de la tierra pero también sería un mensaje para que otras mujeres que defienden su territorio sepan que “se lucha por lo que se quiere, nada es gratis, pero al final vale la pena”, aseguró en entrevista, Dora Alicia Ramírez Soto, primera mujer tesorera del ejido La Sierrita.
En 2004, la minera La Platosa, perteneciente a Excellon de México S.A. de CV, de la filial canadiense Excellon Resources, rentó al Ejido La Sierrita de Galeana, en el municipio de Tlahualilo, en Durango, cuatro hectáreas de tierra de uso común -por un millón 200 mil pesos- para ocuparlas durante 30 años, pero al momento de la firma resultó que el contrato estipulaba la renta de 27 hectáreas por el mismo precio.
Con amenazas y engaños, la empresa logró que las y los 127 dueños del terreno firmaran el contrato, pero en 2008 las y los ejidatarios pidieron a Excellon que firmara un nuevo contrato de ocupación temporal por la renta de mil 100 hectáreas -de las más de 6 mil que tiene el ejido- con cláusulas de carácter económicas, sociales y medioambientales.
En todo este proceso, las y los ejidatarios han estado acompañados de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (ProDESC), una organización presidida por la defensora de DH, Alejandra Ancheita Pagaza, la primera mujer en recibir el Premio Martin Ennals, considerado el “Nobel de los DH”.
A decir de Dora, una de las dos mujeres (de tres personas) que integra el órgano de representación ejidal, cuando llegó la mina a Durango las y los habitantes vieron una oportunidad de desarrollo social y de trabajo que permitiría regresar con sus familias a quienes habían migrado a otros estados por falta de oportunidades laborales.
Las necesidades en el ejido –a cuatro horas de la capital de Durango y ubicado en un terreno árido y ganadero- eran muchas, porque incluso las asambleas ejidales tenían que llevarse a cabo debajo de un árbol por falta de un salón de juntas.
A cambio de que la mina explotara el plomo, zinc y plata que hay en el terreno, las mujeres pidieron principalmente que se dieran becas para la educación de sus hijas e hijos, trabajo para ellas, que se invirtiera en infraestructura de carácter social y que se reparara mediante reforestación los daños ambientales que causara la mina.
Ejido La Sierrita de Galeana, en el municipio de Tlahualilo, en Durango | Foto: Greta Gómez Rico
En 2010, las y los ejidatarios tuvieron un proceso de reordenamiento territorial a fin de detectar qué otros proyectos podrían hacer para no depender de la mina. Esto implicó recorridos, exploraciones y censos.
En esta etapa, el papel de las mujeres fue central ya que de las seis personas que se eligieron para estar al frente del proceso –tres de cada sexo- sólo las mujeres se quedaron hasta el final.
Conformaron talleres de costura, de carpintería y un vivero. Además, relató Dora, una mujer del ejido logró romper con el círculo de violencia que vivía en su hogar al darse cuenta que había alternativas laborales para ella.
La etapa de reordenamiento territorial también sirvió para que las y los ejidatarios se percataran que la mina estaba realizando exploraciones fuera del territorio convenido, que las y los campesinos de la zona tenían menos espacio para llevar a pastar a sus animales, así como una afectación en la diversidad de plantas.
Otras cláusulas del contrato también se incumplieron, ya que la empresa contrató a personas del Ejido para actividades de baja remuneración, solicitó muchas pruebas e incluso negó la contratación a una mujer porque estaba embarazada.
La Asamblea Ejidal llamó de nuevo a la empresa a negociar. Durante las reuniones, Dora se percató de que la relación entre el ejido y los representantes de la mina era asimétrica y exigió que fuera hasta Durango el director de Excellon para que las negociaciones se hicieran entre dueños, “ellos de su mina y nosotros de la tierra”, explicó.
En respuesta, los representantes de la empresa se negaron al diálogo pretextando que los oficios de las y los ejidatarios no estaban en inglés, y rechazaron cualquier nueva propuesta del ejido. Frente a esto, las y los ejidatarios decidieron manifestarse pacíficamente afuera de la mina el 8 de julio de 2012.
En estas movilizaciones, la participación de las mujeres también fue fundamental porque eran mayoría en los campamentos, se mudaron con sus hijas e hijos, diseñaron la cocina, propusieron hacer un horno de piedra y ayudaron a hacer casas provisionales.
Dora destacó que la participación de sus compañeras ha sido muy importante para la defensa de su territorio pero muy invisibilizada, porque fueron ellas quienes incluso se organizaron para llevar agua y servicios públicos al ejido, antes de que llegara la mina.
El 29 de agosto de 2012, elementos del Ejército mexicano, de la Policía Federal y municipal, intentaron desmantelar el campamento, y en octubre de ese mismo año la empresa llevó a grupos de choque para desalojar a las y los manifestantes con maquinaria pesada.
“Nosotros estábamos defendiendo nuestra tierra, no estábamos haciendo otra cosa y ellos nos trataron como lo peor”, recordó Dora, quien relató que encontró casas destruidas.
El 4 de septiembre de 2012, la Asamblea Ejidal decidió presentar una demanda de rescisión del Contrato de Ocupación Temporal, la restitución de sus tierras y el resarcimiento de los daños.
Esta es la primera vez que dos mujeres (de las 13 que participan en las asambleas) integran el órgano de representación ejidal, lo que ha traído más participación de mujeres | Foto: Greta Gómez Rico
Actualmente, el juicio se encuentra en su etapa final en el Tribunal Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, a cargo de la magistrada Marcela Gerardina Ramírez, quien debió dictar sentencia desde hace cuatro meses.
De acuerdo con el coordinador del área de justicia trasnacional de ProDESC, Juan Antonio López, esta resolución traería el mensaje de que la participación de las mujeres en los procesos de defensa de tierra y territorio es trascendental y valiosa porque al menos en Durango, ellas propugnaron por continuar por la vía legal y fueron las primeras en decir que había que demandar a la mina.
Entre los 37 conflictos mineros que hay en el país, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, éste es particular porque –de acuerdo con el abogado- se trata de un ejido que no se opuso a la minería, que aceptó la inversión en su territorio y la extracción de mineral, y que pidió una relación con la empresa de iguales y a través de un contrato.
Además, incluso después de que la empresa cometió violaciones a los DH, el ejido no inició una protesta desarticulada sino que buscó el diálogo y al no encontrar respuesta, no boicoteó sino que confió en el sistema jurídico para hacer valer su derecho, observó López.
“Todo lo que te dice el gobierno es que los ejidos se enfoquen en el derecho, para eso está la ley y las instituciones. Este ejido lo ha hecho, hizo un contrato que se basó en lo social, sobre qué beneficios va a dejar la mina a la comunidad. Eso quieren las empresas, el ejido La Sierrita lo hace y no ha obtenido nada. Siguen explotando su tierra y no han ganado nada porque ni siquiera les pagan la renta”, detalló López.
Esta es la primera vez que dos mujeres (de las 13 que participan en las asambleas) integran el órgano de representación ejidal, lo que ha traído más participación de mujeres.
“La afectación (de estar en conflicto con una mina canadiense) pega más a las mujeres en la relación que guardan con la tierra porque ya no llevan a pastar a sus animales, se han quedado sin animales. Mientras los hombres salen a trabajar, ellas tienen que ver cómo alimentan a sus hijos”, explicó el abogado.
Y agregó: “las mujeres ya no creen que se vaya a hacer algo por la vía legal, la credibilidad ha ido mermando demasiado, les ha ido entrando mucho temor de que van a perder todo por haberlo hecho de manera legal, mientras los hombres se van enfocando a radicalizar la defensa”.
Para Dora, de 61 años de edad, este proceso que ha durado más de 10 años ha traído pérdidas y algunas ganancias: “desde que hay dos mujeres en la mesa directiva se está haciendo que las mujeres participen, ya opinan, levantan la mano y no se quedan calladas porque lo vivieron, ya están con conocimiento”, observó.
Su ser “polémico”, como ella dice, de cuestionar lo que no le parece, la llevó a heredar –entre cinco hermanas y hermanos- el ejido de su padre, y luego a ser la primera mujer, entre más de 60 hombres que participan la Asamblea Ejidal, en integrar el comisariado.
“Actualmente, como representante que soy del ejido me siento con ánimos de luchar, de que esta lucha y todo lo que hemos pasado haya valido la pena, no por lo económico sino para luchar por lo que es de nosotros. Tanto pisotearnos y tanta cosa que ha pasado, te da pie para decir que no te vas a dejar que nadie te pisotee, que no puedes ser una mujer de tapete, sino una mujer de lucha”.
El objetivo es “dejarle algo a mis nietos, un ejemplo de vida que lo que se quiere se defiende; para mis nietas, que las mujeres debemos tener otra participación en la sociedad no nada más la educación para que te cases y tengas hijos y también para que el día de mañana ellas luchen por lo que quieren”, explicó Dora.
