**Informa CEDHAPI los pendientes que tiene el Estado con las víctimas**
NATHALIE GÓMEZ/@Nathalie_fx
Huajuapan de León, Oax.- El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., dio a conocer que continúa latente el riesgo en las comunidades mixtecas que fueron violentadas a partir del 21 de octubre pasado: Guerrero Grande, Mier y Terán, y Ndoyonoyuji, pertenecientes a San Miguel Atatlahuca.
“Se reconoce la ayuda humanitaria brindada por la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGEGO), mas no es suficiente, ya que son más de 70 familias de la comunidad de Guerrero Grande que se les quemaron sus casas y que se encuentran viviendo unas en la iglesia de la comunidad de Guerrero Grande”, detalló.
“Otras familias se encuentran refugiadas en la comunidad de Mier y Terán, y más de 16 familias de la comunidad de Ndoyonoyuji perdieron sus casas siendo desplazadas y se encuentran viviendo en las instalaciones el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de Tlaxiaco, quienes están efectuando diversas actividades, como son: bordado, pintura y tallado de madera”, agregó la asociación.
No obstante, señaló que el reconocimiento por parte de la SEGEGO, de que existe desplazamiento forzado interno de habitantes de las agencias municipales de Ndoyonoyuji, Mier y Terán y Guerrero Grande, conlleva a cumplir con una verdadera ayuda humanitaria como lo disponen los estándares internacionales en materia de desplazamiento forzado interno de personas, debiendo brindar alimentación, salud, educación, y sobre todo protegiendo los derechos de los niños, niñas y mujeres.
“Respecto al punto donde se refiere que hasta la fecha han retornado 75 familias de la Agencia de Guerrero Grande, aclaramos que es verdad en parte que estas familias hayan retornado, pero fue en forma provisional para ir a buscar a sus animales que se perdieron durante la agresión armada, pero que no pueden retornar a sus hogares porque no tienen a donde llegar, pues sus casas fueron totalmente calcinadas”, destacó.
Aclaró que dichas familias se encuentran viviendo en forma inhumana en la iglesia de la comunidad de Guerrero Grande sin servicio de agua potable, alimentación, existiendo un gran número de niños, niñas y personas de la tercera edad.
“Respecto a la vigilancia que refiere la SEGEGO, manifestamos que sólo en la comunidad de Guerrero Grande existen elementos del Ejército, Guardia Nacional, y una camioneta de la Policía Estatal. En la comunidad de Mier y Terán no hay elementos de ningún cuerpo policiaco ni militar, por lo tanto, se vive un estado de zozobra y miedo por el temor de que sean agredidos”, manifestó.
Ante estas circunstancias, llamaron al Estado a seguir los estándares del derecho Internacional humanitario, pues se debe proteger el derecho de las víctimas a su vida, integridad personal, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda.
