Por: Anayeli García Martínez y Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.
Mientras el estado de Veracruz se hunde en una fosa de desapariciones forzadas y asesinatos de mujeres, periodistas y activistas, el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el Congreso local aprobaron en primera vuelta una reformar constitucional para proteger “la vida al momento de la concepción y hasta la muerte natural”.
Sin debate alguno y con una mayoría de 38 votos a favor y seis en contra, este 21 de enero el Congreso del estado de Veracruz aprobó vía “fast track” la iniciativa presentada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, para reformar el artículo cuarto de la Constitución local que en el fondo busca criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo.
Desde que el priista Duarte de Ochoa asumió como gobernador en 2010, la entidad se coloca como una de las más violentas, pues a decir de habitantes de la entidad cada día escuchan de agresiones a la prensa, asesinatos, casos de feminicidio o, lo más grave, desapariciones de personas a manos de las fuerzas de seguridad.
La reforma “Provida” llega en medio de este contexto y justo cuando indignó a la opinión pública la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, y la decisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna el estado, de elegir al ex senador Héctor Yunes Landa como candidato para competir por la gubernatura en las elecciones de junio próximo.
De acuerdo con Carolina Ramírez, integrante de la organización Aura y de la Red de Mujeres Veracruzanas, la propuesta de reformar la Constitución local para proteger la vida se venía trabajando desde 2010, pero los grupos de feministas se habían organizado para frenarla aunque esta vez ni siquiera hubo oportunidad de hablar con el Legislativo.
Incluso, apunta, parece que cuando hay un tema candente, como la desaparición de personas, el gobierno aprovecha para sacar esta iniciativa en vez de tomar acciones para proteger a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, evitar el feminicidio o los asesinatos de periodistas, comunes ya en la entidad.
Si en algo coinciden las agrupaciones civiles es en que existe una diferencia entre la protección de un bien jurídico como la vida y la protección de los derechos. “Los derechos son para las personas ya nacidas”, han dicho Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo Akelarre, Equifonía y Redefine, todas con trabajo en esa entidad.
La reforma constitucional que impulsó Duarte no representa las acciones a favor de la seguridad y la vida de las mujeres que su gobierno está obligado a realizar, afirma Aracely González Saavedra, representante legal de Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres.
De hecho –en su opinión– parece que el gobernador usó esta reforma para “desquitarse” de las organizaciones civiles que integraron el Grupo de Trabajo que investigó el feminicidio en Veracruz, y que el pasado 14 de enero presentó sus recomendaciones y señalamientos al gobierno local, las cuales, de no cumplirse, podrían derivar en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).
“Es un atentado contra nuestros Derechos Humanos (DH) y nos parece sumamente preocupante que justo en este contexto en Veracruz, en el que en los últimos años incrementó la violencia feminicida. La gran ocurrencia que tiene (el gobierno del estado) es impulsar una reforma constitucional para aumentar la criminalización de las mujeres que están tomando la decisión de interrumpir su embarazo”, señala.
ESTADO CONVULSO
González apunta que la administración de Duarte es “la peor para las mujeres”, sin embargo critica que el gobernador “sólo promueva medidas que saben que generan debates y opiniones encontradas. Nos parece que es una burla” cuando el estado atraviesa por problemáticas apremiantes y contextos adversos, como la desaparición forzada.
Para Saavedra el incremento de la violencia contra las mujeres en la entidad es consecuencia de la inacción de las autoridades para atender y procurar las denuncias de las víctimas, y la falta de presupuestos para echar andar programas y mecanismos para erradicar este flagelo, además de la impunidad prevaleciente.
En efecto, Javier Duarte no había cumplido ni un año en el poder cuando el 23 de septiembre de 2011 el cuerpo sin vida de Gabriela Arlene Benítez Ibarra, de 17 años de edad, fue encontrado en avanzado grado de descomposición en la reserva Molinos de San Roque, en Xalapa, la capital veracruzana.
Gabriela –quien había desaparecido tres meses antes– se sumó a otras cuatro mujeres que fueron encontradas sin vida en ese lugar. A decir de las organizaciones civiles que entonces siguieron el caso, este feminicidio fue emblemático porque desde la desaparición de la joven, las autoridades judiciales declararon que “se había ido con el novio o tenía problemas con la madre”, e iniciaron la búsqueda hasta varias semanas después.
Un mes antes de este hecho, el Congreso del estado –obligado por las organizaciones civiles– había aprobado reformas legislativas para tipificar el delito de feminicidio, mismas que cuatro años después son “letra muerta” ante el grave clima de violencia contra las mujeres que actualmente encara el estado.
El 9 de septiembre de 2015, la organización civil Equifonía presentó al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres una solicitud de AVG para Veracruz.
En ese mismo mes se conformó el Grupo de Trabajo que investigaría la violencia feminicida, cuyo informe y recomendaciones se entregaron al gobierno local el pasado 15 de enero.
Entre las recomendaciones destaca que no existe un registro confiable de la violencia contra las veracruzanas, ni información de la Fiscalía y de otras dependencias claves en el combate a la violencia de género.
Asimismo, menos de la mitad de los asesinatos y desapariciones de mujeres se han esclarecido, por lo que se exige la integración de un registro estatal con indicadores precisos.
Durante los tres primeros años de gestión de Duarte (2011-2013), cada mes se presentaron al menos ocho casos de feminicidio en la entidad; en 2012, 95 veracruzanas fueron asesinadas y un año después 92 mujeres perdieron la vida, según datos del Grupo de Trabajo.
En 2014 se presentaron 74 casos de feminicidio; en 2015,
93 mujeres fueron asesinadas en 49 municipios y 156 desaparecieron, lo que contrasta con las 88 de un año atrás.
DESPRECIO A LA CIUDADANÍA
Pese a las cifras que el gobernador lleva a cuestas, desatiende a las familias de las víctimas, por ejemplo, al no asistir a una reunión con Araceli Salcedo Jiménez, madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida en 2012, encuentro pactado desde octubre, cuando ella lo increpó públicamente por la inacción en la búsqueda de su hija, así como de otras personas desaparecidas.
A los graves atropellos a los DH se suman casos de tortura contra mujeres, como el de Claudia Medina Torres, quien en agosto de 2012 fue detenida por marinos en su casa, en el puerto de Veracruz.
En los próximos seis meses, el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) definirá –con base en indicadores de seguimiento– si las recomendaciones se cumplieron, si es necesario ampliar el plazo, o si se emite la AVG.
A las críticas contra esta administración se suma Rebeca Ramos, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien considera “preocupante” que el mandatario estatal haya presentado una propuesta de esta naturaleza, cuando la entidad está en medio de una evidente violencia contra el gremio periodístico, por ejemplo.
Veracruz “destaca” por ser la entidad más peligrosa para la libertad de expresión, con 18 asesinatos y cinco desapariciones de periodistas del año 2000 a 2015, como reporta la organización Artículo 19; además de 30 agresiones a mujeres periodistas, según el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
Uno de los casos paradigmáticos fue el asesinato de Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera policiaca del diario Notiver, hallada sin vida en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, el 26 de julio de 2011, dos días después de su desaparición.
Otro caso que colocó a la entidad en los reflectores fue el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, ocurrido el 28 de abril de 2012. El crimen generó un fuerte repudio por parte de periodistas, organizaciones y medios de comunicación, que exigieron esclarecimiento y justicia en un caso que las autoridades calificaron de “crimen pasional”.
Activistas que defienden los derechos femeninos advierten que, de aprobarse en segunda vuelta, la reforma “Provida” generaría un clima de criminalización y hostigamiento contra quienes deciden interrumpir su embarazo, y contra las víctimas de violencia sexual.
Por esta razón, llamaron al gobernador a cumplir su obligación de proteger los DH de las veracruzanas, y asegurar que las mujeres embarazadas tengan acceso a servicios de salud.
