Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana(Coparmex), las dos cúpulas empresariales más importantes del país, ven positivo el Plan Nacional de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo que la sociedad civil ha desatado una ola de críticas al considerar que mantiene la militarización y la estrategia de anteriores gobiernos.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, reconoció el plan presentado por el Presidente electo y celebró que se incluya el combate a la corrupción, apego a los derechos humanos, participación de las fuerzas armadas y la creación de la Guardia Nacional.
De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de #DataCoparmex, el 57.9 por ciento de los socios Coparmex fueron víctimas de delitos en el último año. Esto representa un incremento de 7.1 puntos con respecto a los resultados de junio 2018.
Al igual que la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial dio la bienvenida al Plan Nacional de Seguridad que presentó ayer López Obrador.
“Para nosotros es muy importante que exista un plan definido, de coordinación, que se fortalezca, a través del Poder Legislativo y Judicial, el sistema penal acusatorio, que se fortalezca la seguridad de los penales, y que al mismo tiempo se promueva la coordinación entre las instituciones de seguridad del país”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE en el anuncio de ferias de empleo para apoyar a migrantes.
Tener un plan nos lleva a generar expectativas de que lograremos avanzar en temas de seguridad y eso esperamos que podamos tener resultados en el primer semestre del año, aseguró.
“Como empresarios nos interesa que se atienda el robo de ferrocarriles, el robo de transporte, se coordinen para la protección de nuestro trabajadores en el transporte y que nos congratulamos que se haga un reconocimiento de las fuerzas armadas, que nos han ayudado en distintas regiones del país”, mencionó el representante del CCE.
Este miércoles, López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que contempla, entre otros puntos, la amnistía a ciertos criminales, la regulación de algunas sustancias como la mariguana o la creación de una Constitución ética que abunde en la cultura cívica.
No obstante, el principal anuncio, y el que ha levantado más suspicacias, es la creación de una Guardia Nacional formada por agentes de las policías militar, naval y federal, a cargo de las Fuerzas Armadas, y de la que ya había hablado en anteriores ocasiones.
Ello requerirá de una reforma constitucional, y para figuras políticas y analistas, perpetuaría la llamada guerra contra el narcotráfico, que impulsada por Felipe Calderón (2006-2012) implicó que los militares se involucraran en tareas de seguridad pública, en 12 años nefastos para México con más de 250 mil asesinatos y casi 40 mil desaparecidos, según cifras oficiales.
SOCIEDAD CIVIL RECHAZA PLAN DE AMLO
Después de que se diera a conocer el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024, los colectivos #FiscalíaQueSirva y ##FiscalíaQueSirvaSeguridadSinGuerra pidieron que si se reforma la Constitución, sea para garantizar la autonomía del nuevo Fiscal General, no para militarizar al país.
“El Plan de Seguridad pone en crisis todo el sistema actual de procuración de justicia y los esfuerzos por construir una fiscalía autónoma que se respetuosa de los derechos humanos y garantice a las mexicanas y mexicanos el derecho a una vida libre de violencia.
“El involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad pública legaliza la militarización del país y subordina a las instituciones civiles que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático, acentuando con ellos los altos niveles de violencia que sufre la sociedad mexicana”, plantearon.
En el comunicado conjunto, se resaltó que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya dado muestras de respeto a las instituciones democráticas al declarar contrario a la Constitución la intervención de las fuerzas militares en la seguridad pública.
Para el colectivo FiscalíaQueSirva, “la política de seguridad anunciada pretende reforma la Constitución para militarizar el país y las instituciones democráticas, pero no para consolidar la autonomía de la Fiscalía General de la República y un sistema de justicia que combata la corrupción, impunidad, las graves violaciones a derechos humanos, así como la arbitrariedad de las y los servidores públicos”.
El colectivo consideró que el equipo de AMLO no ha sido congruente con el discurso que ha sostenido con las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y la población mexicana en general.
#FiscalíaQueSirva recordó que decidió participar en mesas de trabajo con el equipo de transición, y legisladores electos, aportando para la construcción de una Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, quienes sostuvieron en todo momento que no se quería tocar la Constitución.
Por lo anterior, se exigió que no se hagan reformas constitucionales para militarizar al país.
CRITICAN LA MILITARIZACIÓN
Organizaciones y consejos ciudadanos dedicados a observar la seguridad en México así como académicos coincidieron con algunos expertos y analistas en que el Plan Nacional de Paz y Seguridad es confuso y que el proyecto presentadopor Andrés Manuel López Obrador plantea buenas intensiones pero carece de claridad en ideas.
Francisco Rivas, del Observatorio Ciudadano, y José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, se unieron a la preocupación por el planteamiento de la Guardia Nacional, la cual, consideraron es seguirá con la misma la estrategia de mantener al Ejército en la calle e incluso afirmaron que será peor, pues se dotará de un marco legal a la militarización.
El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó ayer por la tarde su Plan Nacional de Paz y Seguridad donde enfatizó en la formación de la Guardia Nacional y en el fortalecimiento de la familia, el combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos e ir a la raíz del problema con un amplio plan de reconstrucción del tejido social.
En la misma presentación, el General Luis Sandoval, próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que para apoyar la seguridad pública “se constituirá la Guardia Nacional como fuerza adicional a las Fuerzas Armadas ya existentes. Su esquema entrará en operación el 1 de diciembre. La nueva corporación contará con vehículos e insignias que la identifiquen. Su conformación se llevará a cabo en tres etapas: primera: integración de las policías; segunda: inclusión de efectivos militares; tercera: la inclusión de los jóvenes que quieran participar en la nueva institución”.
La propuesta levantó diversas opiniones por parte de organizaciones civiles, analistas y académicos. Varios especialistas criticaron especialmente la creación de la Guardia Nacional.
Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo; Francisco Rivas de Observatorio Ciudadano; José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y José Antonio Alvárez León, doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM), coincidieron en la ambigüedad con la que se plantearon diversos puntos en el plan presentado ayer por Alfonso Durazo y AMLO.
Francisco Rivas, del Observatorio Ciudadano, dijo el Plan de Seguridad quedó sólo en un documento con ideas encontradas “No es un verdadero plan” dijo. El especialista destacó que una verdadera estrategia implicaría tiempos, objetivos claros, procesos y una ruta presupuestal. “Y eso no está plasmado en ninguna parte del documento”, sostuvo.
Rivas insistió en que el documento final queda solo en una propuesta de acciones sin una claridad, y que además confunde algunos aspectos de competencia, y de términos importantes. “Ese plan es un esbozo y lo que no entiendo es para que finalmente lo presentaron si no hay una claridad de ideas”, dijo a SinEmbargo.
El representante del Observatorio Ciudadano también reprobó la propuesta de la Guardia Nacional. “Lo hemos venido marcando desde hace mucho tiempo, las organizaciones de Seguridad sin Guerra, hemos planteado la urgencia de desmilitarizar la seguridad”,
Explicó que la militarización no es nada más la participación de las autoridades de las fuerzas armadas en labores policías, sino que es también el ejercicio constante de transformar la ideología y mentalidad de las fuerzas civiles en militares, través de mandos y de la formación de los elementos, y eso termina por pervertir el rol de una policía.
Otro aspecto que preocupa, añadió Rivas, no sólo es la “militarización” con la Guardia Nacional sino la centralización de la Seguridad Pública”. “El plan nunca establece cual es el rol de lo estados y los municipios, no nos habla de cómo van a fortalecer a las policías y no nos habla de cuales van a ser las limitantes de estas autoridades [Guardia Nacional ] y es preocupante”, dijo.
El experto destacó que las policías militares, navales no tienen una formación de policía civil para las funciones de ese tipo. “No sólo hay una continuidad (a la militarizacion) sino hay un agravamiento. Porque se le da marco legal a la cuestión de las fuerzas armadas, y aparte se trasforma a las fuerzas civiles en fuerza militarizadas, como es el caso de la Policía Federal”, afirmó.
José Antonio Ortega comentó que el planteamiento le quita la responsabilidad de la seguridad a los gobernadores y a los presidentes municipales. “Es un plan que va en contra de lo que había venido manifestando el Presidente electo [Andrés Manuel López Obrador] durante su campaña: sacar ala Ejército de las calles y regresar a la fuerza civil”.
Ortega coincidió con Rivas en que la Guardia Nacional militarizará y centralizará la la seguridad publica. También recalcó que el documento no da detalles o abunda en lo que sería una reforma policial.
“No se habla de cómo van a intervenir las policías estatal y municipal en los delitos, sólo habla de asumir centralmente toda la responsabilidad de la seguridad pública en la Guardia Nacional. Está hablando de mandos territoriales, que en un principio serán 150, después 200 y después 266 para dentro de tres años, y que ellos son los que van a absorber la seguridad publica en el país. […] Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de los estados?, ¿dónde está la responsabilidad de los municipios? Prácticamente está asumiendo todo el problema el Gobierno federal y yo ya no veo diferencia entre delitos del fuero común –que deben de ser atendidos por los gobiernos de los estados– no dijo nada de eso”.
Para Ortega el plan convertirá al Ejército en policía y recordó que el Ejército y la Armada son la última fuerza que debe de usarse en el país. “Si ellos fallan, si ellos se corrompen, si ellos son rebasados, como hasta este momento han sido rebasadas alas autoridades civiles, ¿qué nos va a quedar? Nada”, afirmó.
Esta mañana, en entrevista con Carmen Aristegui, Alfonso Durazo aseguró que no se usará el mismo modelo militar que se ha utilizado durante los últimos dos sexenios.
“Es completamente distinto, vamos a separar la base de la Guardia Nacional, [que] serán las policías militares y naval, y algunos elementos de la Policía Federal que pasen los elementos de certificación y adquiera la capacitación adicional que se requiere”, dijo.
Por su parte, Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, consideró que posiblemente el debate que se ha generado ante en el Plan de Seguridad es porque se presentó con “muchos qués y pocos “cómos”, y que quedaron muchos puntos pendientes de explicar cómo pretenden lograr lo que se ha planteado.
Roel aplaudió el reconocimiento de la necesidad de regular drogas. “Eso es algo en lo que hemos insistido nosotros desde hace años para debilitar económicamente a las mafias y fortalecer al Estado. Hay un reconocimiento a la parte de prevención, que es muy importante, pero habrá que ver cómo piensan implementarlos” dijo.
En relación a la Guardia Nacional, Roel opinó que se ha interpretado como la militarización porque no se explicó a detalle. “Creo que Alfonso [Durazo] tendrá que aclararlo muy bien, no sólo en las palabras sino en los hechos, porque sí tenemos 12 años de muy malos antecedentes de combatir las cosas con el Ejército. Creo que le está costando mucho a Durazo explicarlo”.
CORRAL
Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, se manifestó también por el Plan de Paz y Seguridad.
“Chihuahua fue el único Estado que controvirtió ante @SCJN la #LeydeSeguridadInterior; nunca tuvimos duda de su carácter violatorio de los Derechos Humanos y la invasión de la soberanía estatal”, publicó en Twitter.
“Ahora nos preocupa el Plan de Paz y Seguridad 2018-2021, porque es antifederalista”, agregó.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional (AI) señaló que para evitar más violaciones a los derechos humanos, el Plan debe enfocarse en retirar a las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública.
“Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del Presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las Policías civiles”, señaló Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
