Ciudad de México.- En el municipio de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur del país, organizaciones civiles con trabajo en Derechos Humanos documentaron que existe un patrón de criminalización hacia mujeres de origen centroamericano, quienes son acusadas de los delitos de trata de personas o lenocinio.
En colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Prami), presentó en noviembre la investigación “Criminalización de mujeres migrantes”, en el que analizaron cinco casos de migrantes centroamericanas y una mexicana, acusadas por el delito de trata de personas en Tapachula.
En 2013 el Prami participó en la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que ingresa cada año al territorio mexicano, ahí conocieron que un grupo de mujeres migrantes permanecían privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil Número 4 (CERSS) ubicado en Tapachula, todas, acusadas por el delito de trata de personas.
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