La organización calificó a la intimidación como “una violación al derecho a la libertad de expresión y un contrasentido al libre ejercicio informativo de la periodista”.
Por lo que exigió que la Comisión Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas haga efectivas las medidas de seguridad que otorgó a la reportera tras las agresiones, además de analizar el nivel de riesgo al que se enfrenta para otorgar medidas para su protección y la de su familia.
De igual forma solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga para garantizar que casos como este no se repitan e inste a las autoridades estatales a garantizar una vida libre de violencia y la libertad de expresión a las mujeres.
La violencia contra las mujeres periodistas por su labor periodística es constante en el país. Tan sólo durante la cobertura del proceso electoral de este año seis reporteras fueron violentadas por candidatos a puestos de elección popular y funcionarios. Las agresiones se tradujeron en intimidaciones, violencia física y amenazas de muerte, señalan datos de la asociación Comunicación e Información de la Mujer.
Mientras que el año pasado Artículo 19 documentó 130 agresiones en contra de mujeres periodistas.