Exterior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Foto: Cuartoscuro.
Por: Sugeyry Gándara
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha incinerado al menos 1 mil 581 cuerpos de personas no identificadas desde el 2006 al 2018 y en la mayoría de los casos sin pruebas genéticas. Con ello “borraron las evidencias e historias de miles de personas, convirtiéndolas en cenizas”, informó hoy el Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Ana Karolina Chimiak y César Pérez Verónica de Cepad, Dawit Bartelt, de la fundación Heinrich Böll, y Ana Enamorado y Rosario Cervantes Aviña, madres de personas desaparecidas, presentaron el informe “Incineraciones de cuerpos no identificados, crímenes sin justicia”. El documento concluye que las autoridades de Jalisco por décadas han cometido múltiples y graves violaciones de derechos humanos que no han sido castigadas, entre ellas, la cremación de restos no identificados.
Los defensores de derechos humanos comentaron que el hallazgo de los contenedores con cadáveres el pasado 15 de septiembre de 2018 en Jalisco, solo es la punta del iceberg. “La crisis forense no comenzó apenas el año pasado, y el tema de los trailers es sólo una de las graves consecuencias de la sumisión de negligencias y violaciones a los derechos humanos”, dijeron.
La incineración de cuerpos no identificados constituye un acto que le arrebata a las familias de personas desaparecidas probabilidades de alcanzar verdad y justicia, y las despoja de esperanzas de recuperar a sus seres queridos, enfatizaron.
Además, es un acto ilegal de acuerdo a Ley General de Desaparición Forzada y a la Ley General de Salud, destacó César Pérez, director de CEPAD.
“Las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos están sus seres queridos. A las personas que fueron cremadas se les quitó el derecho a la identidad”, destaca el informe.
Karolina Chimiak explicó que no hay información certera o clara de la cantidad de cuerpos incinerados sin pruebas genéticas.
La especialista detalló que las autoridades de Jalisco se han contradicho o han respondido con discrepancias a la información solicitada.
Ejemplificó que en una primera solicitud de información, respondieron que de 1 mil 571 cuerpos sólo a 171 les realizaron pruebas genéticas; en otra solicitud, señalaron que de los mil 581 cuerpos, al menos 803 contaban con perfil genético.
Tales discrepancias y faltas de información “nos preocupa de manera muy particular”, dijo.
Las autoridades de Jalisco han intentado entregar cenizas a familiares de personas desaparecidas sin pruebas que pudieran confirmar su identidad, “jugando con el dolor y simulando el cumplimiento”, agregaron los defensores.
Ana Enamorado, madre de Oscar Antonio López Enamorado, joven de 17 años desaparecido en enero de 2010, denunció que a ella trataron de entregarle, en 2015, unas cenizas sin perfil genético y sin las mínimas pruebas para asegurar que era su hijo.
Las autoridades, contó la mujer, estaban aferradas a darle las cenizas de un joven que se “suicidó”, colgándose de un puente en Jalisco. Los servidores públicos, en ese momento, le argumentaban que era su hijo porque supuestamente le encontraron un teléfono donde tenía guardado como “mamá” el número telefónico de Ana; sin embargo, cuando ella pidió la ropa, el celular y otras pruebas, las autoridades tampoco las tenían. Ana cuenta de se negó a aceptar. La mujer afirma que incluso un Ministerio Público, de nombre Jesús Contreras intentó amedrentarla.
“Como yo no quería aceptar las cenizas por las buenas, trataron de intimidarme por las malas”, narró.
César Pérez Verónica recalcó que hasta el momento no hay ni una sola investigación penal para determinar quién ordenó la incineración de los cuerpos, y que se sancione esa grave violación de derechos humanos.
“No podemos tener tanta impunidad”, reprochó el activista
El director de Cepad anunció que el informe será enviado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y solicitarán que haga las comunicaciones correspondientes para notificar al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU sobre esta crisis forense.
Los activistas y las familiares de víctimas destacaron que se debe de castigar a los funcionarios que permitieron la cremación de cuerpos sin identificar, sin embargo, no precisaron cual sería la responsabilidad penal en que incurrieron.
Pérez Verónica precisó que primero debería iniciarse una investigación por la violación a los derechos humanos y de ahí determinar si hay si la comisión de algún delito.
“Ellos no pueden andar libres mientras nosotras tenemos esta angustia, esta desesperación”, expresó Ana Enamorado.
Rosario Cervantes Ávila, madre de Osvaldo Javier Hernández Cervantes, desaparecido en julio de 2014, hizo hincapié en la “deshumanización” de las autoridades, la indolencia y falta de voluntad política ante la crisis de desapariciones
“Cuando nos revictimizan de una u otra manera los vuelven a desaparecer. Cuando no hay personas profesionales, es otra forma de desaparecer a nuestros desaparecidos, pero la peor forma es ésta [incineración de cuerpos no identificados]. Nos niegan la posibilidad, la esperanza de recuperar aunque sea un pedacito de ellos para poder tener paz”.
