Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– En 17 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) solamente construyó una Terminal de Almacenamiento y Reparto(TAR), equivalente al 0.4 por ciento de la capacidad de almacenamiento en el país, mientras que la demanda de combustibles aumentó 42.3 por ciento, lo que afectó la seguridad energética nacional, destacó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En su estudio “Infraestructura de petrolíferos afecta seguridad energética”, el CIEP precisó que de 2000 a 2017, es decir, en los últimos tres sexenios, se construyó únicamente una TAR (Tapachula II) equivalente a 0.4 por ciento del total de la capacidad de almacenamiento del país. Por otra parte, en el mismo periodo, la demanda de combustibles (gasolinas y diésel) creció 42.3 por ciento, a una tasa media anual de 2.0 por ciento.
El análisis realizado por el investigador Alejandro Limón Portillo subraya que la diversificación tanto de fuentes de energía, como de infraestructura de producción, procesamiento, almacenamiento y distribución de combustibles, juegan un papel importante en garantizar el abasto de energía a la población.
De acuerdo con el CIEP, la infraestructura de petrolíferos (gasolinas, diésel, turbosina, gas licuado de petróleo, entre otros) puede analizarse desde dos áreas: almacenamiento y transporte. Actualmente, las 73 TAR que hay en México suman una capacidad operativa de 11 millones 971 mil 619 barriles, mismos que son transportados en 3/4 (76 por ciento) por ductos.
Las TAR están distribuidas en diversas regiones del país, cuestión que determina el tipo de suministro que las alimenta, dada la cercanía a las refinerías y la geografía regional.
Por ejemplo, mencionó el CIEP, las TAR de la zona centro del país (considera Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Estado de México), se alimentan en 96.8 por ciento por ductos y reciben 83.9 por ciento del producto de la refinería de Tula. Así, un conflicto en tal refinería o en los ductos que transportan producto a la zona centro puede afectar seriamente el abasto de dicha región.
Esto sugiere que, a mayor diversificación de medios de refinación y de transporte, mayor seguridad energética.
En regiones donde se presentan condiciones de inseguridad, una mayor oferta de medios de distribución incrementa la posibilidad del robo a combustibles, según el estudio. Tal es el caso del conjunto de zonas denominado Sur-Golfo-Centro-Occidente que concentra 79.9 por ciento de la capacidad operativa del país.
“En esta región se transportan 3 mil 272 millones 200 barriles por día, por ductos que suman una longitud de 4 mil 962 kilómetros, que permiten el flujo desde el Golfo hacia el centro del país y el Bajío, así como al Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec”, detalló.
LOS RIESGOS
El informe del CIEP indicó que los riesgos externos de no tener infraestructura de almacenamiento se asocian con una balanza comercial negativa de petrolíferos. Durante 2018 se ha importado 73.9 por ciento y 66.8 por ciento de la demanda de gasolinas y diésel, respectivamente.
Entre los riesgos internos precisó que la seguridad energética también se puede ver amenazada por la cantidad de inventario que una región puede tener.
Estos números reflejan la cantidad de días que las TAR de dichas regiones pueden satisfacer la demanda si se quedan repentinamente sin producto. Esta situación se vio ejemplificada en las últimas semanas con el desabasto de gasolinas a raíz de la estrategia del Gobierno en el combate al robo de combustibles.
“Considerando que en la zona centro del país se encuentra el 23 por ciento de las estaciones de servicio del país, y que la capacidad de almacenamiento de combustibles en las TAR de la región es menor a tres días, la seguridad energética de la zona se ve comprometida”, expuso el CIEP.
Según el informe, el nivel de almacenamiento recomendado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) para satisfacer la demanda es tener como mínimo una capacidad de hasta 21 días. Sin embargo, el promedio en México es de 7.5 días para gasolinas y 6.9 para el diésel.
Para motivar a una mejora en niveles de almacenamiento, la AIE (a la que México se adhirió en febrero 2018) recomienda que sus miembros tengan en inventarios el equivalente a 90 días de importaciones netas, excepto para los países exportadores netos.
A septiembre 2018, únicamente hay tres países con estas características: Canadá, Noruega y México, lo que exenta al país de cumplir dicha medida.
El CIEP señaló que la Política Pública de Almacenamiento mínimo de Petrolíferos, publicada en septiembre de 2017, establece que a partir del 1 de enero de 2020, los volúmenes mínimos requeridos serán equivalentes a cinco días de ventas internas de gasolinas, diésel y turbosina. Para 2022, el inventario mínimo aumentará a 8 días, y para 2025, a 11.
Para el CIEP, más allá de revelar las redes de delincuencia organizada en la distribución de combustibles, el desabasto de gasolinas y diésel observado a inicios de 2019, se evidenció la falta de diversificación de infraestructura de petrolíferos del país.
“La concentración de la demanda en algunos sectores específicos de ciertas regiones en particular, que a su vez se abastecen de una escasa oferta de opciones de suministro, reflejó la vulnerabilidad en materia de seguridad de hidrocarburos. Por ejemplo, el caso del sector transporte de la zona centro del país, alimentada en su mayoría por poliductos provenientes de la refinería de Tula”, detalló.
Consideró que para discutir una transición energética efectiva, el concepto de seguridad energética debe integrar los diferentes sistemas de energía con sus respectivas particularidades.
