Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Edgar Carlos Ramírez Acosta fue baleado por agentes de la Policía Federal (PF) que realizaban un operativo el 15 de mayo de 2012 en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Una de las balas perforó su pulmón y otra quedó cerca de su columna. A más de seis años de los hechos, el comerciante de 45 años sigue en busca de justicia y reparación del daño. La investigación contra los agentes que lo atacaron, denuncia Ramírez Acosta, no ha tenido ningún avance; en cambio, lo que sí hizo el Gobierno federal fue investigar a la víctima: lo acusó de contrabando y le embargó su patrimonio.
“No es justo que además de que ser baleado, que quedé mal de salud, no tenga justicia y en lugar de resolver mi caso, las autoridades me acusan y me embargan mi patrimonio”, reclama Edgar Carlos en entrevista con SinEmbargo.
EL OPERATIVO
La tarde del 15 de mayo de 2012, Edgar circulaba en su camioneta Ford Lodo modelo 1999, de procedencia extranjera, por la calle denominada “Del Olvido”, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Elementos de la Policía Federal, narra, realizaban un operativo y esperaban un vehículo, donde supuestamente iban unos presuntos criminales.
“Yo iba en mi camioneta, pero delante de mí venían unos presuntos delincuentes, entonces ellos [los policías federales] ya tenían lista la emboscada”, recuerda.
Los agentes pararon el vehículo que circulaba adelante, en tanto que un policía federal también hizo el alto a Ramírez y le pidió que bajara del vehículo; le preguntó que si iba con las personas de enfrente, de acuerdo con el relato de la víctima.
“Yo les dije que no, pero empezaron a rafaguear el carro, entonces el policía federal que me estaba interrogando se asustó y yo también me asusté, nunca había estado en una balacera. Yo lo que quise fue cubrirme atrás de mi camioneta y él policía que me interrogaba, al ver que me moví me soltó una ráfaga de balazos”, narra.
El comerciante zacatecano resultó herido de gravedad: los disparos le perforaron un pulmón y otra de las balas se alojó a un costado de la columna vertebral.
Edgar recuerda que quedó tirado y “me salía mucha sangre por la boca y todo. Me preguntaban quién me había disparo y yo les dije que fue el policía federal que me estaba interrogando, pero me dijeron que no, que habían sido los delincuentes los que me dispararon”.
El entrevistado afirma que no perdió el conocimiento y que, tras insistir que su agresor era el policía federal, otros agentes comenzaron a levantar los casquillos percutidos.
“Yo, tirado, veía como recogían los casquillos y les decía que no, que se esperaban a que llegaran periciales, los encargados de examinar todo eso; pero a ellos no les importó: recogieron todo, no dejaron nada de evidencia”, relata el zacatecano.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la zona y el comerciante fue llevado al hospital en donde estuvo internado por varias semanas. Cuando finalmente fue dado de alta, Edgar acudió de inmediato a la Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH) y a las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de Justicia (PGR) para interponer la denuncia correspondiente contra los agentes que lo agredieron.
La violencia ha aumentado exponencialmente en el estado de Zacatecas desde 2012, año en que fue herido Edgar. De enero a noviembre de 2018 se han abierto 508 carpetas de investigación por asesinato, de los cuales 379 fueron con arma de fuego. Si se compara con el mismo periodo de 2012, el asesinato creció 193 por ciento y el cometido con arma de fuego aumentó 392 por ciento.
Los asesinatos con arma de fuego crecieron 397 por ciento durante 2017 –con 443 casos–, en comparación con los cometidos en 2012, año en que se registraron 89 homicidios con arma de fuego.
El homicidio doloso creció 184 por ciento en 2017 con respecto a 2012, pues de 194 asesinatos cometidos con diversas armas en 2012 la cifra se elevó a 551 casos en 2017.
“PGR SE NEGABA A INVESTIGAR”
Edgar acudió a levantar su denuncia el mismo mayo de 2012, pero cual fue su sorpresa que el Ministerio Público (MP) no quiso tomarle la declaración, según relata a este diario digital.
“El MP no aceptó mi denuncia que porque la Policía Federal ya habían iniciado una investigación contra ‘quienes resultaran responsables, que por la portación de armas de fuego y no sé qué”, detalla.
La negativa obligó al ofendido a acudir de nuevo a Derechos Humanos. Pasaron cuatro meses para que la PGR aceptara tomar la denuncia, dice Edgar, quien logró presentar su testimonio hasta el 27 de septiembre de 2012.
“Pero el Ministerio Público de la PGR, mañosamente, traspapeló mi denuncia. O sea, no inició una carpeta de investigación por mis lesiones y sólo inició la que pusieron los policía federales por la balacera, pero no la mía por lesiones”, agrega.
Desde que puso su denuncia, comenta Edgar, se generaron varias anomalías durante las diligencias con el Ministerio Público de la PGR en Zacatecas. “Falsificaron mi firma, hizo una reconstrucción de los hechos mañosamente, ocurrieron muchas anomalías”, asegura el entrevistado.
INVESTIGAR Y SANCIONAR A LA VÍCTIMA
Edgar Carlos comenta que ha tocado tocó varias puertas en la búsqueda de justicia; sin embargo, la PGR en lugar de investigar su caso se abocó a investigarlo a él en busca de cualquier anomalía que pudiera usar en su contra, denuncia Ramírez Acosta.
A más de seis años de los hechos, no hay ningún avance en la denuncia de Edgar y la respuesta de las autoridades es nula, afirma. En cambio, lo que sí hizo la PGR, destaca la víctima, fue acusarlo de contrabando por manejar y tener una camioneta de procedencia extranjera sin regularizar. La denuncia contra Edgar fue turnada a la Secretaría de Hacienda.
“Aquí lo más grave es el actuar el Ministerio Público, que estuvo encubriendo a los policías federales, ese es el mal actuar de la PGR de Zacatecas”.
El Gobierno federal anterior no resolvió la investigación de las lesiones de Ramírez Acosta, pero sí avanzó en la investigación contra él y le embargaron su camioneta y su casa.
“Al último me acusaron a mí de presunto contrabando, porque la camioneta era irregular; me encaminaron a Hacienda para que me formulara una querella y ahora tengo mi casa embargada por 150 mil pesos”,
“No es justo que además de que ser baleado –quedé mal de mi salud y voy aún al médico–, aun así en lugar de resolver mi caso me acusan y me embargan mi patrimonio”
Edgar comenta que desde el ataque gasta alrededor de 2 mil 500 mensuales sólo para atender las lesiones y traslados en busca de justicia. “Además, me quitaron mi fuente de trabajo, esas personas me quebraron prácticamente, porque mi camioneta era mi fuente de trabajo: yo transportaba mercancía de Guadalajara a Zacatecas para venderla en los tianguis. Me quitaron mi fuente de trabajo y no es justo”.
“LA CEAV NO SIRVE”
En 2015, el comerciante acudió a la Ciudad de México en busca de alguna dependencia de atención a víctimas y fue canalizado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en donde lo dieron de alta en el Registro nacional de Víctimas. Sin embargo, Edgar asegura que de todos modos no le ha servido de nada estar adscrito al registro.
“LA CEAV, en mi caso, no me ha ayudado en nada. Estoy registrado, otro Ministerio Público que tiene mi carpeta, allá en Zacatecas, ya reconoció que soy víctima directa, por eso ya me dieron el registro en el RENAVI, pero no me ha servido de nada porque no han resuelto mi problema. Para empezar quiero justicia y, en segundo lugar, que me reparen mi daño, porque yo no tenía nada qué ver con la delincuencia ni con nada.
“Yo quedé desbalanceado, mal de mi persona, mi patrimonio como quien dice ya no lo tengo. Porque mi casa esta embargada por Hacienda, mi camioneta me la quitaron y mi negoció quebró, todo a raíz de eso.
En México las autoridades no investigan, considera el afectado, “sólo le apuestan a desgastar a la víctima, a acusarla –si pueden– para que no siga con su proceso y poder dar “carpetazo a los asuntos.” El señor Ramírez Acosta pide a las nuevas autoridades que atiendan a las víctimas y que exista una verdadera coordinación entre todas las instancias de justicia y atención a los afectados.
“Que haya una coordinación entre los tres sistemas –PGR, Derechos Humanos y CEAV– para que se le dé un poco más de avance a los casos, porque los servidores públicos que trabajan en las tres dependencias se enfocan en no agilizar las denuncias, porque eso implica trabajo y para ellos es mejor cansar a la víctima, que se desista y ya no avanzar, o esperan que se te termine el lapso para poder denunciar”, destaca.
