Por: Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias
El gobierno de Chiapas debe atender los casos de violencia política de género y tiene la obligación de proteger la integridad física y moral de Rosa Pérez Pérez, la alcaldesa del municipio de Chenalhó, reinstalada en su cargo tres meses después de que fue forzada a pedir licencia indefinida, asegura la activista Elva Narcia Cancino.
La integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), integrada por académicas, activistas y políticas, afirma en entrevista que el gobierno de Manuel Velasco debe facilitar la pronta y eficaz gestión de las instituciones para atender el malestar de la población, que habría orillado a Rosa a retirarse del cargo. Recuerda que no es el único caso en el estado.
A decir de la activista, quien ha acompañado la denuncia de la alcaldesa, lo que le ocurrió a Rosa Pérez jamás debió acontecer, pero hoy el Ejecutivo estatal tiene la responsabilidad de garantizar la integridad física y moral de la alcaldesa, de su familia y de sus colaboradores en un municipio donde hay grandes conflictos sociales.
Desde abril pasado un grupo de pobladores comenzaron a realizar actos vandálicos e incluso secuestraron a dos legisladores locales para obligar a la alcaldesa a renunciar, por supuestamente no cumplir sus promesas de campaña, aunque ella aseguró que en realidad fue una táctica de síndico Miguel Santiz Álvarez para quitarla del cargo.
Como resultado, el pasado 25 de mayo Pérez Pérez presentó al Congreso una solicitud de licencia, pero después presentó un juicio por la violación a sus derechos políticos y el 17 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó su reinstalación.
GARANTÍAS A SU MANDATO
Tras la orden del TEPJF, la Repare urgió a las instancias correspondientes que giren de inmediato medidas precautorias y cautelares y dijo que el gobierno del estado tiene en sus manos una oportunidad histórica de allanar el camino para que la primera mujer electa democráticamente en Chenalhó concluya su mandato sin traspiés.
El reto para el gobierno del estado, dijo Repare en un comunicado, es “prevenir, contener, evitar el resurgimiento de la violencia en Chenalhó, para lo cual se requiere oficio e intervención política, de operadores que trabajen a favor de la paz y que estén a la altura de las circunstancias”.
Considera Narcia Cancino que la autoridad estatal tiene que formalizar la restitución al cargo de Rosa Pérez, que la ceremonia tenga lugar en el edificio municipal de la cabecera de Chenalhó, con la participación del gobernador, Manuel Velasco; del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Ramírez; del secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez, y de las y los titulares de otras dependencias.
Todavía no hay fecha para su reinstalación, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral está enviando los oficios correspondientes a las autoridades locales donde informa que Rosa debe seguir en el cargo. Por ello, Repare se reúne este viernes con representantes del Gobierno estatal, quienes presentará sus propuestas de ruta crítica.
Entre las propuestas están: garantizar que Pérez Pérez pueda disponer de los recursos municipales retenidos, para destinarlos de inmediato a obra pública y al pago de adeudos con artesanas, que se nombre un subsecretario de Gobierno que trabaje a favor de la reconciliación y de la paz.
Asimismo, que se nombre un comisionado para el diálogo y acuerdos entre los grupos de conflicto, capaz de diagnosticar e identificar el problema y las causas que lo producen y que trabaje en la reconciliación. Cabe recordar que fue en este municipio donde ocurrió la masacre de Acteal en 1997, donde asesinaron a 45 indígenas tzotziles, la mayoría mujeres, incluidas algunas embarazadas.
La restitución de poderes de la alcaldesa, considera Narcia Cancino, debe ser vista como una oportunidad para empoderar la gestión de una mujer y mandar señales a los ciudadanos de los municipios chiapanecos, principalmente indígenas, de que una mujer puede hacer un buen gobierno.
Repare consideró que lo ocurrido a Rosa Pérez forma parte de un cuadro conflictivo de violencia política en contra de las mujeres gobernantes en el estado de Chiapas, donde ella representa el extremo visible de un problema grave que se extiende por todo el territorio estatal, sin que sea atendido por el gobierno del estado, ya que carece de instituciones que respondan ante los problemas de violencia política contra las mujeres.
Al menos 10 mujeres, entre sindicas y regidoras, están siendo violentadas, sin que ninguna institución les dé garantías de justicia. Por ejemplo, en Chamula, Malpaso, Reforma, Tecpatán, Amatenango del Valle, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas y Las Rosas, las regidoras o sindicas son violentadas al grado que ellas no ejercen los cargos para los que fueron electas el año pasado y son sus pares varones los que toman las decisiones.
