La entidad gobernada desde hace dos décadas por el Partido Acción Nacional (PAN), en pocos meses pasó de estar con “cero fosas”, en febrero de 2020, a ser el segundo estado a nivel nacional con mayor número de hallazgos de inhumación clandestina.

Colectivos de búsqueda y académicos ya habían denunciado constantemente la presencia de fosas en esa entidad, pero las instituciones de Gobierno lo negaban, incluso, un estudio realizado por académicos de Guanajuato reveló que en aquella entidad la localización de fosas data desde mucho tiempo antes, al menos desde el 2009.

Fue el 24 de septiembre de 2020 cuando la tragedia no se pudo esconder. Un grupo de familiares de personas desaparecidas y colectivos, acompañados de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), localizaron fosas en la Presa el Pionero, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Fue la primera vez que quedó sentado oficialmente el hallazgo de una fosa clandestina.

En octubre y noviembre, vinieron los hallazgos en los municipios de Salvatierra y Cortázar. Finalmente, en enero la Comisión Nacional de Búsqueda, al presentar el informe anual, confirmó el hallazgo de al menos 103 fosas y la exhumación de al menos 204 cuerpos en Guanajuato, tan sólo en los últimos meses de 2020; sin contar la fosa de Presa el Pionero.

Frente al reconocimiento del problema, ahora los colectivos de personas desaparecidas temen que se venga otro conflicto: que Guanajuato no tenga la suficiente capacidad para resguardar los restos encontrados y que –como lo ha mostrado la experiencia en otros estados– las personas a las que pertenecían esos restos y sus familiares sean víctimas de lo que ellos llaman una “triple desaparición”.