Por ley, ediles y cabildo rendirán declaraciones patrimoniales

Jaime Guerrero/ORO Noticias

OAXACA, Oax. Sin mayores aspavientos, la 64 Legislatura aprobó una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, para que los presidentes municipales, regidores, síndicos, secretarios, tesoreros, contralores, hasta jefes de departamento, agentes municipales y de policía, presenten sus declaraciones patrimoniales ante el Órgano Interno de Control del Congreso local.

La iniciativa de reforma fue propuesta por la diputada del PAN, María de Jesús Mendoza Sánchez, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto.

En el dictamen se estableció que estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante la Secretaría de la Contraloría o respectivo órgano de control interno, todos los servidores públicos. Así mismo deberán de presentar su declaración fiscal anual.

En el caso de los servidores públicos pertenecientes a dependencias y entidades de la administración pública estatal, las declaraciones se seguirán presentando ante la Secretaría de la Contraloría.

Los servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial de los Organismos Constitucionales Autónomos, las presentarán ante sus respectivos Órganos Internos de Control. Los Poderes y Organismos, podrán celebrar convenios con la Secretaría para el uso de las plataformas tecnológicas.

Sin embargo, tratándose de los presidentes municipales, regidores, síndicos, secretarios, tesoreros y demás funcionarios de los ayuntamientos deberán realizar las declaraciones ante el órgano interno de control del Poder Legislativo.

Una vez publicada la reforma a la ley en el Diario Oficial del Estado, las declaraciones presentadas ante la Secretaría y los órganos de control Interno deberán ser remitidos en un plazo no mayor de 30 días al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado.

Para dar paso a la reforma, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideraron que la viabilidad jurídica de la iniciativa es procedente al no contravenir el marco constitucional, convencional ni legal de la materia, ya de acuerdo a la regulación propuesta se cumplen funciones que mejoran el ejercicio de la función pública a partir de los principios que son destacados tanto en la ley general como las establecidas en el ámbito local, para incrementar la eficiencia y efectividad de las leyes, tratándose de los servidores públicos del ámbito municipal.

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