CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/05/2016Cada año más de 200 mujeres son explotadas sexualmente en esta ciudad, y la autoridad no da un solo peso para su atención, refugio o reparar el daño.
Aunque el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ya está obligado por ley a asignar recursos para las sobrevivientes de trata de personas, para este 2016 no garantizó presupuesto para ello.
En la Ciudad de México se presentan en promedio, según la PGJDF, de tres a cuatro denuncias al mes por el delito de trata, prácticamente todas interpuestas por mujeres, más de 200 cada año.
A pesar de las cifras, el gobierno local no tiene un refugio propio para atender a las víctimas de este delito, ni destina dinero al fondo económico para las sobrevivientes, por lo que incumple la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, vigente desde 2014.
La trata es considerada como una forma moderna de esclavitud, que integra más de un tipo de violencia contra las mujeres, por lo que la reparación del daño y la reintegración social de las víctimas requiere inversiones millonarias.
En la capital se conformó una Comisión Interinstitucional (con instancias de gobierno, la academia y sociedad civil) que redactó la Ley de Trata y su Reglamento, publicado en noviembre de 2015 y que estipuló para el Presupuesto 2016 la aprobación de un monto para el Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas. Pero no se aprobó.
Con ese fondo se ejecutarían programas especializados de protección para salvaguardar la vida, seguridad e integridad de las víctimas u ofendidos y testigos del delito de trata; solventaría los refugios; y repararía el daño en caso de que los recursos de la persona sentenciada fueran insuficientes.
Pero tampoco se destinó dinero para la operación de un refugio especializado para víctimas de trata, aunque en una solicitud de información la PGJDF dijo que ya concluyó su construcción, para la que destinó entre 2014 y 2015, 12 millones 606 mil 969 pesos con 96 centavos.
Destaca que desde la instalación de la Comisión Interinstitucional en 2014, Mancera anunció que el refugio estaría listo en breve, sin embargo hasta ahora grupos civiles desconocen por qué las víctimas son atendidas en refugios privados.
De acuerdo con cifras oficiales, para atender a las víctimas de trata, la PGJDF usa el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito con 2 millones de pesos (mdp), para gastos médicos, de traslado, hospedaje, vivienda, seguridad y reparación del daño para víctimas de delitos violentos, sexuales, violencia familiar, lesiones o discriminación.
Y aunque algunas víctimas resultan con graves secuelas físicas, psicológicas y hasta de adicciones, son enviadas a los seis centros de atención de la PGJDF, y que cuentan para su operación con 269.9 mdp para atender a no más de 133 mil 7 personas, según el presupuesto aprobado.
OPACIDAD
El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, que realiza informes anuales sobre trata de personas, dijo que las autoridades argumentan que el personal y el presupuesto de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, de la PGJDF, son insuficientes.
Víctor Núñez y German Nava, del Centro Montesinos –integrante de la Comisión Interinstitucional– observaron que otro problema es que la PGJDF se niega a dar datos sistematizados con el argumento de que son confidenciales.
Y la fiscal para Delitos de Trata de Personas, Juana Camila Bautista –quien rechazó una entrevista para esta agencia–, no transparenta cómo decide los operativos contra el delito, y por qué no desmantela las redes que operan en La Merced y la delegación Cuauhtémoc, y en cambio aprehende a meseros y “cadeneros” que no pueden costear la reparación del daño, aseguraron.
Los expertos dijeron que el MP –encargado por ley de definir el tipo de protección y asistencia a las víctimas– también usa criterios “discrecionales” para determinar a qué refugio manda a las víctimas, y si requieren apoyo psicológico y medidas de protección.
El Centro Montesinos detectó que los refugios a donde van las víctimas menores de edad, migrantes y mujeres en riesgo son sobre todo de la iniciativa privada.
Al respecto, la Ley de Trata estipula que la PGJDF debe realizar un monitoreo a esos refugios y mostrar sus resultados; pero la dependencia no informó si da cumplimiento a este mandato.
Los investigadores dijeron que las autoridades tampoco informan por qué aún no está listo el refugio que se acordó desde 2014, y en su lugar les muestran diseños computarizados de la obra.
ABANDONO
El Centro Montesinos señaló que no hay una reparación del daño para las víctimas, pues no hay un seguimiento de las sentencias, una visión integral del delito como problemática de la violencia de género, ni una coordinación entre dependencias.
La Ley de Trata también estipula que las instancias locales deben invertir recursos y tomar medidas para la atención y la integración de las víctimas, pero el DIF y la Secretaría de Educación en esta ciudad informaron vía transparencia que no tienen competencia en el tema, por lo que estarían incumpliendo la norma.
La Secretaría de Salud local dijo que en 2009 destinó 13 millones 368 mil 617 pesos para la atención de mujeres víctimas de violencia (sin datos desagregados por delito), pero en 2015 dio la mitad: 6 millones 908 mil 411 pesos.
Por su parte, vía transparencia la PGJDF desglosó los tipos de asistencia que brinda en materia de trata, pero se reservó el monto que gasta.
HISTORIA
En 2012, “Daniela” logró escapar (embarazada) de una red que la explotaba sexualmente. Pasó un año en un refugio privado. Además de impedirle abortar, la joven contó que fue obligada a ir a misa y participar en actos propagandísticos bajo la promesa de que recibiría apoyos.
Luego de la exigencia de su madre y una recomendación de la CNDH, la PGJDF la incorporó a una preparatoria. La joven y su madre solicitaron medidas de protección y un cambio de domicilio –como estipula la ley–, pero la PGJDF sólo activó el “Código Águila” que consistió en darles un número telefónico para que llamaran “si veían algo raro”.
Las autoridades integraron a “Daniela” a dos programas sociales de los que obtuvo poco más de 30 mil pesos para gastos de pasaje y mantener a su hijo, pero la ayuda fue insuficiente.
