Por: Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias
CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras en estados como Chiapas y Morelos aumentan los casos de agresiones contra alcaldesas, regidoras y síndicas electas, solamente Oaxaca y Veracruz han tipificado la violencia política de género.
Como ejemplo del incremento, durante 2015 y 2016 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió 103 averiguaciones previas por este tipo de violencia de género.
Pese a ello, el Senado ha omitido pronunciarse sobre el tema al evitar analizar las cuatro iniciativas de reforma a las leyes electorales para definir este delito y establecer sanciones específicas, mismas que están pendientes desde 2014.
Hace 2 años las legisladoras, con el apoyo de académicas, activistas y mujeres políticas, consiguieron elevar a rango constitucional el principio de paridad en candidaturas, es decir, 50 por ciento de postulaciones para mujeres.
El resultado adverso de este avance, son las reacciones violentas que enfrentan las militantes de los partidos políticos que tuvieron acceso a las candidaturas en los procesos electorales de 17 estados en 2015 y de 13 entidades en 2016.
DE AMENZAS Y RENUNCIAS
En los 2 últimos años los casos de violencia hacia mujeres que participan en política han llamado la atención de las autoridades electorales que registran desde asesinatos, hasta amenazas para que renuncien a los cargos para los que fueron electas.
El caso más evidente es Chiapas, donde las mujeres pudieron ser candidatas en 2015 gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sin embargo, una vez electas como alcaldesas, síndicas o regidoras no han ejercido sus funciones.
La Red Chiapas por la Paridad Efectiva ha documentado casos como la golpiza contra la entonces candidata a la alcaldía de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente; o bien la renuncia de la alcaldesa electa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, que fue obligada a dimitir.
A estos casos se suman las denuncias de funcionarias municipales de Oxchuc, Tecpatán, Amatenango del Valle, Malpaso y San Cristóbal de las Casas, entre otros, que denuncian no poder ejercer sus actividades como autoridades e incluso la retención de sus sueldos.
Por otra parte, en Morelos la síndica de Amacuzac, Susana Fuentes Rodríguez y la regidora del mismo municipio, Carolina Bahena Castillo, denunciaron que son violentadas por el alcalde Jorge Miranda Abarca, quien les impide ejercer sus funciones, les niega información y no les paga su sueldo.
Además, de acuerdo con la Asociación de Síndicas y Síndicos de Morelos, que preside la síndica de Cuautla, Paola Cruz Torres, en el estado al menos 16 de las 27 síndicas electas son violentadas por los alcaldes y regidores que trabajan con ellas.
A estas agresiones se suman los crímenes contra la precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, asesinada en marzo de 2015; y de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, asesinada en enero pasado, un día después de tomar posesión del cargo.
DELITO PENAL Y ELECTORAL
Ante la falta de una normatividad sobre violencia política, el 14 de marzo de 2016, ocho instancias del Estado firmaron el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, a fin de prevenir, atender o dar una respuesta a las víctimas.
El Protocolo dice que esta violencia se basa en elementos de género y tiene por objeto “menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
De acuerdo con esta definición, se trata de una conducta que puede denunciarse ante las autoridades electorales administrativas o penales. En este caso el TEPJF y la FEPADE son las dos instancias que han conocido casos al respecto.
El titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, aseguró que entre 2015 y 2016 se presentaron 232 delitos relacionados con violencia política, en su mayoría relacionados con el apoderamiento, destrucción o alteración de material o documentos electorales.
Las personas sentenciadas son responsables de las agresiones contra la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el distrito 7 en Oaxaca, Lorena Nava, quien fue golpeada y desnudada en 2015; y por la destrucción de paquetes electorales en una casilla de Oaxaca, donde la presidenta de la mesa directiva era una mujer.
De los 232 delitos, en 103 casos se abrió una indagatoria y como resultado hasta ahora 15 personas están en prisión y 14 ya fueron condenadas; pero debido a que en la legislación mexicana no existe el delito específico, la FEPADE se basa en los tipos penales que establece el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Además, en materia electoral el TEPJF ha conocido de casos donde debe restituir los derechos vulnerados de las quejosas; por ejemplo la ex alcaldesa de Chenalhó presentó un juicio ante esta instancia para impugnar la designación de su sustituto, que está por resolverse.
La especialista en temas electorales, Carla Humphrey Jordán, actual funcionaria del Tribunal Electoral y también aspirante a magistrada, precisa que el pasado 30 de marzo este organismo emitió la primera sentencia por violencia política de género.
La resolución fue por la denuncia de la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, a quien sus pares varones, los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Oscar Kalixto Sánchez, le impidieron la entrada a su oficina, le negaron información y le impidieron el ejercicio de sus funciones.
PENDIENTE LEGISLATIVO
En octubre de 2014 las senadoras panistas Pilar Ortega Martínez y Marcela Torres Peimbert, hicieron una propuesta similar pero aludiendo a las recientes Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en Materia de Delitos Electorales.
En noviembre de 2014 la senadora priista Lucero Saldaña presentó una nueva iniciativa de reforma; y en abril de 2015 la también priista Diva Hadamira Gastélum, las panistas Adriana Dávila y Martha Elena García así como la perredista Angélica de la Peña, hicieron una nueva propuesta.
Ninguna de las tres propuestas ha sido discutida, y a decir de la senadora De la Peña, definir la violencia política contra las mujeres en las leyes electorales, se dará en medio de un “terrible y desgastante” proceso en el Senado, porque aseguró, en el Legislativo se trata de convencer.
