Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- A 14 meses del asesinato de los ambientalistas e integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) “Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz”, la organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI, por su siglas en inglés) determinó en su informe 2022, que la violencia institucional e impunidad priva en estos crímenes.
Los cinco activistas defendieron su territorio contra la instalación del Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable P.H. Río Verde”, de la empresa Generación Enersi S.A de C.V. en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, en Oaxaca y también del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, que afectaría a los lugareños de cuatro comunidades indígenas chinantecas de la zona (Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Tataltepec de Valdés y Paso de la Reyna”.
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