El PRI expulsa a César Duarte, por fin. Lo mantuvo en una cobijita durante todo el sexenio de Peña

Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México y César Duarte, ex gobernador de Chihuhaua. Foto: Presidencia, Cuartoscuro

 

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).– César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua y actualmente prófugo de la justicia, fue expulsado este jueves del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos años y tres meses después de que dejara el Gobierno de esa entidad –el 3 de octubre de 2016– con múltiples señalamientos corrupción en diversas modalidades, confirmó Omar Bazán Flores, Presidente del Consejo Político Estatal, a SinEmbargo.

Bazán Flores afirmó que hoy llegó el oficio donde la Comisión de Justicia Partidaria “nos informa que [el ex Gobernador] ya no es militante” del Revolucionario Institucional. El líder estatal del PRI en Chihuahua reconoció que la expulsión de César Duarte “si es muy tardía”, y agregó que dicha demora ha provocado afectaciones al partido. “La primera afectación fue en el 2016, con las elecciones estatales, perdimos la gubernatura” y la segunda, agregó, en el 2018.

 

El Diputado local expresó que ahora con la aplicación de los estatutos del partido esperan que mejore la imagen institucional, al ver que se sanciona y “a aquellos que violaron y traicionaron los estatutos del partido”.

Duarte Jáquez tiene actualmente 21 órdenes de aprehensión con fines de extradición –diversas fuentes afirman que radica en El Paso, Texas– por su posible relación con desvíos de recursos públicos. Pero el entonces mandatario priista no actuó solo: es señalado por el Gobierno actual de Chihuahua, que encabeza el panista Javier Corral Jurado, de encabezar una “red de corrupción política” que se tejió entre la complicidad de ex funcionarios estatales y particulares para el enriquecimiento personal.

La primera solicitud de detención del ex Gobernador Duarte data del 28 de marzo de 2017 a la par que la ficha roja lanzada por la Policía Internacional (Interpol) el 31 de marzo de ese año. Los delitos de peculado agravado y delito electoral tienen una penalidad que oscila entre los cuatro y 12 años de prisión cada uno.  Sin embargo, hasta hoy, lleva 1 año, 10 meses prófugo de la justicia.

Duarte es el mismo político que Enrique Peña Nieto puso como ejemplo del “nuevo PRI” durante su campaña rumbo a la Presidencia de México en 2012.

“Tú observas hoy los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes o actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua…”, dijo Peña Nieto en mayo de 2012, cuando, en una entrevista de televisión, se le pidió poner “nombres” a su afirmación de que el partido se estaba renovando.

Omar Bazán Flores, Presidente del Consejo Político Estatal de Chihuahua, confirmó para SinEmbargo la expulsión del ex Gobernador de Chihuahua.

 

PRI DE PEÑA NO ESCUCHÓ A PRIISTAS

El Partido Revolucionario Institucional conservó en sus filas a César Duarte Jáquez durante más de dos años en que grupos del PRI solicitaron su expulsión e incluso después la aplastante derrota del tricolor el 1 de julio de 2018, castigado por el hartazgo de la gente ante sus múltiples escándalos de corrupción, denunció el priista Armando Barajas Ruiz, integrante de la Corriente Solidaridad, una de las 28 organizaciones adherentes registradas en el tricolor.

Barajas Ruiz interpuso el 21 de julio de 2016 una demanda interna de expulsión por probables actos de corrupción contra los ex gobernadores César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Javier Duarte Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León. Hasta la fecha el único que no ha sido investigado es Duarte Jáquez.

Para Barajas, César Duarte es uno de los causantes de la debacle del partido, por lo que no da cabida a la protección, evidenciada en la no suspensión, que recibió Duarte por parte del actual Comité Ejecutivo Nacional del PR en tiempos de Peña y aún a la salida del mexiquense de la Presidencia de la República.

“El derrumbe que tuvo el partido el 1 de julio es por las acciones que estos sujetos [César Duarte y los ex gobernadores denunciados ], con sus acciones, nos hicieron llegar a perder estados y generaron la corrupción en la que nos vimos envueltos y que tanto afectó la imagen del partido”, asegura Armando Barajas en entrevista con SinEmbargo.

El pasado 1 de julio el PRI obtuvo la votación más baja de su historia: 61 por ciento menos respecto a la elección federal de 2012; casi 20 por ciento menos que 2006 y 45 por ciento menos de los votos que registró en 2000, cuando por primera vez perdió la Presidencia ante el panista Vicente Fox Quesada.

El Revolucionario Institucional pasó de ser un partido hegemónico a ser minoría: de los 300 diputados locales que tenía 1994, ahora sólo pudo colocar a 42 y de los 95 senadores que colocó en 1994, en esta ocasión sólo pudo instalar a 12.

LA SRE VA POR SU EXTRADICIÓN

El pasado 7 de diciembre de 2018, el titular de la Unidad Financiera de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya está solicitando la extradición del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, para que enfrente las 16 órdenes de aprehensión en su contra.

Duarte Jáquez, del partido del ex Presidente Enrique Peña Nieto, es investigado por la Fiscalía de Chihuahua por el presunto saqueo de las finanzas públicas. Se le acusa de haber triangulado recursos al Revolucionario Institucional (PRI) en una operación en la que, dice, participó el que fue secretario general priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, un hombre cercano a Manlio Fabio Beltrones.

“El Canciller Marcelo Ebrard me ha hecho saber que ya están solicitando la orden de extradición de Duarte“, dijo Nieto en un foro sobre corrupción celebrado en la Universidad Anáhuac.

Nieto afirmó que en el caso del priista Duarte Jáquez se actuó “con discrecionalidad”, por lo que ejemplifica el concepto de corrupción: monopolio y discrecionalidad en la decisión política, así como ausencia de rendición de cuentas.

 

 

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