Las otras verdades/ Eduardo Cruz Silva / APIM
El escritor y teólogo José María Vigil, parafraseando a Tacito refería que «la libertad de prensa, lo mismo que todas las libertades, tendrá sus inconvenientes, tendrá sus peligros; pero con todos ellos es preferible a la tranquila placidez del despotismo».
Aunque hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en México nada tenemos que festejar. Ya es demasiada la sangre que se ha derramado y se sigue derramando en el ejercicio de muestra profesión
La actividad del periodismo en nuestro país se ha convertido en una profesión de alto riesgo, muy similar a países en guerra. Nada más para conocer un poco el panorama en que nos desenvolvemos se puede tomar un estudio realizado en el año 2012 por el Instituto Tecnológico de Monterrey, que señala tristemente que el 98.5 por ciento de los delitos cometidos en México quedan impunes.
De acuerdo con los datos recabados, de los 7 millones 400 mil delitos que en promedio se comenten en el país anualmente -tanto del orden federal como del fuero común- únicamente se ha formulado una condena en relación al uno por ciento.
Del total de delitos sólo se denuncia un 22 por ciento, lo que hace cerca de 640 mil denuncias.
A su vez, de esta cifra, únicamente un 15 por ciento se investiga, pero sólo el cuatro por ciento de ellas concluye, debido a la «lentitud en la mayoría de los procesos y el incumplimiento de las leyes». Tras todo esto, sólo se sujetan a proceso penal un 1.75 por ciento de los delincuentes. Las condenas suman 112 mil 249 en promedio anualmente.
Esta es la realidad que enfrenta la sociedad mexicana, en la cual el ejercicio periodístico se encuentra inmerso al formar parte de la misma. Navegamos en un mar de impunidad que ha lacerado y ofendido profundamente al pueblo mexicano.
Según una definición del extinto abogado y político mexicano Pedro Ojeda Paullada, “la procuración de justicia implica la tarea de asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas, y al no estar circunscrita únicamente al ámbito penal y a la persecución de delitos, sino que, en múltiples aspectos, defiende los intereses de la sociedad y de los grupos sociales desprotegidos”.
Lo que hasta ahora nos ha ofrecido el gobierno federal y muchos gobiernos estatales, ha sido la creación de fiscalías especializadas para atender agresiones a periodistas u a otros sectores vulnerables de la sociedad como los defensores de derechos humanos.
Creemos firmemente que no es a través de segmentar la aplicación de la ley como se obtendrán mejores resultados, así como tampoco, con la creación de nuevas leyes destinadas a cubrir ciertos sectores de población.
Lo anterior, solamente es una salida cómoda y a todas luces contraria al espíritu del imperio de la ley pues (como norma jurídica) debe cumplir con diversos principios, como la generalidad (porque comprende a todos los individuos), la obligatoriedad (porque es imperativa) y la permanencia (porque es dictada con carácter indefinido), entre otros.
El periodista no es un ser distinto al resto de la sociedad; formamos parte de ella. Tampoco pedimos privilegios, ni concesiones distintas en la aplicación de la Ley. Pedimos simplemente que el estado mexicano en sus tres niveles de gobierno garanticen las condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de la actividad periodística en cualquiera de sus modalidades, con eso, habremos dado un gran paso en nuestro desarrollo como sociedad.
