Moisés MOLINA
Una de las decisiones de política pública más criticables del Presidente López Obrador es aquel que tiene que ver con el corte asistencialista de sus programas prioritarios. Hoy, por decisión presidencial, el redimensionamiento de la política de desarrollo social se basa en las transferencias directas de recursos a grandes franjas de ciudadanos y se llama política de “Bienestar”.
Y no está mal, ni en este país ni en ningún otro, que el gobierno reparta dinero a los que más lo necesiten. ¿Quién que es sensible a la desgracia ajena podría ver con malos ojos el hecho de que la gente reciba de nuestros impuestos dinero cada mes para resolver su día a día?
De hecho, desde el punto de vista teórico, la política asistencial tiene cuatro ámbitos.
El primero de ellos que es la asistencia y protección social se originó ante la necesidad histórica de proteger clases desfavorecidas como los obreros ante la vulnerabilidad que trajeron consigo la industrialización y la urbanización en Europa materializada en accidentes de trabajo, la vejez y el desempleo. Con el tiempo se aúna a estas medidas la idea de otorgar ayudas o transferencias monetarias o en especie que garantizaran a la población de menores ingresos estándares mínimos de inserción social.
De este modo, el asistencialismo puede verse también como el piso de una estrategia para lograr crecimiento económico sostenible y con equidad si consideramos que la pobreza tiene dos efectos particularmente perversos: reduce la productividad de la población de escasos ingresos, su capacidad de ahorro y desde luego la posibilidad de inversiones futuras, al mismo tiempo que coarta su capacidad de compra en los mercados limitando la expansión de la producción.
El problema estriba en que el asistencialismo permanezca a lo largo del tiempo como la única dimensión de la política social y en las formas en que opera realmente el reparto de dinero.
Si la política proteccionista y asistencial no se complementa buscando también garantizar los derechos sociales de la población a través de servicios y beneficios públicos distribuidos con justicia buscando igualdad de oportunidades vía educación, salud, capacitación y empleo y persiguiendo generar y preservar un espacio social de pertenencia que refuerce la cohesión social basada en valores que se comparten, el dinero transferido perderá la oportunidad de convertirse en una inversión y pasará al juicio de la historia como un gasto.
El asistencialismo mira al presente; la garantía de derechos sociales y la preservación del espacio social apuntan hacia el futuro.
Si el peligro inminente de que el reparto de dinero a los más necesitados sea utilizado con fines electoreros existe, es porque durante décadas el Estado mexicano fue incapaz, teniendo la posibilidad de la continuidad programática, de cerrar la brecha de las iniquidades.
Si hoy los beneficiarios de los nuevos programas sociales están llamados, por decisión propia y con el poder de su voto libre y secreto, a ser las nuevas clientelas electorales, es gracias a las decisiones de todos nuestros expresidentes en la historia moderna de México.
Darle o no el beneficio de la duda a AMLO es decisión de usted, amable lector.
@MoisesMolina
