Por Daniela Barragán/ sinembargo.mx
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su Segundo Informe de Gobierno con 37 de sus 100 compromisos cumplidos; 26 están en proceso de cumplirse; ocho no se han cumplido y de 29 no hay elementos para evaluar su estatus.
Este ejercicio realizado por SinEmbargo, inició al cumplirse los 100 días de Gobierno y para ese momento contabilizó un total de 22 compromisos cumplidos, para este día el Gobierno de México avanzó en 15. Sobre los no cumplidos, en esa primera medición sumó 12 y al corte de hoy, está en ocho.
La realidad para los planes del Presidente es muy distinta a la que pudo prever. No es para menos: le tocó enfrentar una pandemia que vino a romper toda economía.
Los compromisos, que el Presidente presentó el 1 de diciembre de 2018, son una serie de acciones que dependen de leyes aprobadas y políticas de las secretarías; otros son simbólicos y reposan en el ideal de una clase política que ahora tiene prohibido cometer actos de corrupción.
El Presidente llega este 1 de septiembre a su Segundo Informe. Foto: Cuartoscuro.
Como se ha especificado en los anteriores textos, algunos de los compromisos que estableció el Presidente tienen la acotación de cumplidos “hasta el momento”, ya que se trata de acciones que pueden cambiar en cualquier momento, a diferencia de, por ejemplo, los compromisos a los que ya sustenta una ley vigente. También se incluye el rubro de los compromisos “sin elementos para evaluar”, ya que no se han abordado o son temas abstractos.
El terreno que el actual gobierno tiene ganado es el de los programas sociales y el de la austeridad. Ambos temas fueron prioridad desde el día 1 y en los primeros meses se empezó a agilizar la inscripción para la entrega del dinero y a la par, en las oficinas de gobierno empezaron las nuevas normas, así se recortaron plazas y privilegios salariales.
La pandemia de COVID-19 también agilizó algunos retos, como la entrega de apoyos directos a pescadores, artesanos y campesinos.
Ahora, sobre el impacto de esas acciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que por mandato constitucional tiene la instrucción de evaluar los programas sociales, encontró que los 17 programas implementados por el Gobierno de México tuvieron fallas relacionadas con el cumplimiento de las normatividades, otras provocadas por la austeridad y también en los objetivos planteados.
En muchos casos, agregó Coneval, el diseño del programa se fue definiendo a la par de su implementación; el inicio de operaciones de los programas se llevó a cabo con poca infraestructura física o recursos humanos insuficientes en el contexto de austeridad y con recortes a los recursos en diferentes momentos durante el año de análisis, y que algunos programas modificaron las Reglas de Operación porque se ajustaron a la par de la implementación, lo que pudo propiciar falta de certeza sobre el programa, tanto en los operadores como en los beneficiarios.
LOS 8 COMPROMISOS EN ROJO
Son los menos, pero son los que el Gobierno de México deberá poner en foco.
El primero es sobre las estancias infantiles. El compromiso dice que se mantendrán, sin embargo el Presidente decidió cancelarlas por los malos manejos presupuestales. Decidió entonces entregar el dinero a las mamás y propuso que pagaran a los abuelos para que cuidaran a los niños.
Hasta el momento no se ha presentado ninguna propuesta formal sobre cómo cubrir el espacio de las estancias y se trata de un servicio necesario sobre todo para que las mujeres puedan trabajar y tener sus propios ingresos para no depender de más personas ni ver truncado su desarrollo profesional por la maternidad.
Otro compromiso en rojo es el del funcionamiento de 100 universidades públicas. El Presidente dijo que estarían listas en 2019 para albergar a 64 mil estudiantes. Las universidades Benito Juárez son varias de ellas una incógnita, tanto en su plan de estudios como en su establecimiento físico.
Otro compromiso marcado como no cumplido, es el de la promoción de la investigación científica y tecnológica que se lograría con el Plan Nacional para la Innovación realizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pero no se ha presentado. Con la pandemia de COVID-19 se comprometió a impulsar investigación al respecto, pero no ha habido presentación de resultados.
Otro que se incumplió es el de la cancelación de las partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo. Presidencia gastó en la organización de eventos musicales alrededor de los informes de Gobierno y además, de acuerdo con la Cuenta Pública de 2019, si bien el monto en que se gastó para vestuario se redujo drásticamente, la partida se mantuvo.
Los dos compromisos que tienen que ver con las adjudicaciones y compras de Gobierno también entran en esta lista. Se dijo que las compras del gobierno se harían de manera consolidada, mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU y que los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de los ciudadanos y de observadores de la ONU.
Finalmente, el compromiso de que no se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente, que se evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá la flora y la fauna y que no se privatizará el agua, hasta el momento no se ha tomado en cuenta lo denunciado por las comunidades sobre los efectos de los megaproyectos, como la tala para la construcción del Tren Maya o el uso de agua para el funcionamiento de la Termoeléctrica en Morelos.
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