Las otras verdades / Eduardo Cruz Silva
Desde hace más de dos décadas, ningún presidente de México había logrado la aprobación de reformas constitucionales de gran envergadura, como en su momento lo hizo el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Gracias a un fino y discreto trabajo de negociación política, el mexiquense asumió su encargo llevando bajo el brazo una serie de reformas que fueron aprobadas en sus primeros meses de gestión para sorpresa de propios y extraños.
Reformas necesarias y que dormían el sueño de los justos como la reforma en telecomunicaciones, energética y la educativa entre otras fueron puestas sobre la mesa y sometidas a cirugía mayor. Lo que teníamos hasta ese momento no eran más que remiendos constitucionales casi todos coyunturales que poco o nada ayudaron al país para un sano desarrollo de su economía.
Desde un principio, la reforma educativa fue la que causó mayor oposición en el magisterio nacional, pero principalmente por las secciones que aglutina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Las protestas por la aprobación en los congresos estatales fueron subiendo de tono, hasta convertirse en un conflicto social en los estados de Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Las protestas contra la reforma educativa se han convertido en un verdadero calvario para los habitantes de esas entidades federativas, pues incluyen todo tipo de acciones: bloqueos carreteros, de líneas de ferrocarril, aeropuertos, plantones, quema de edificios, tiendas departamentales, vandalismo, saqueo, agresiones a la prensa, etcétera.
La infinidad de agresiones y vejaciones en contra de la población civil, cuando han sido censuradas, el magisterio ha ofrecido el argumento fácil que esas acciones han sido cometidas por “infiltrados” para lavarse las manos cínicamente.
Los pasos que ya había dado el gobierno federal con la detención de algunos lideres magisteriales acusados de la supuesta comisión de delitos graves y el fallido intento de desalojo del bloqueo carretero que habían establecido en la población de Nochixtlán con el saldo que ya todos conocemos, vino a cambiar todo el panorama.
Totalmente “apanicado” el gobierno federal se vio obligado a establecer una mesa de negociación con el radicalizado magisterio que aglutina a la CNTE y, a pesar que ellos apenas representan una fracción minoritaria de todos los trabajadores de la educación del país, desde el momento mismo que el Secretario de Gobernación se sentó a dialogar con los inconformes todo ha sido doblar las manos.
Algunas voces solicitaron que esas negociaciones fueran abiertas a la sociedad y a la prensa para conocer a detalle que ofrecían unos y otros, pero todo se ha llevado al terreno insano de la discreción. Solamente hemos visto a Miguel Ángel Osorio Chong salir a los reflectores para repetir como perico que se han establecido mecanismos para “distender” el conflicto.
Mientras eso ocurre, las acciones de protesta de la CNTE por momentos disminuyen para volver a arremeter con más fuerza, como ha ocurrido en Oaxaca y Chiapas, que viven días funestos que han puesto al borde del colapso todos los sectores de su vida económica.
Apenas ayer domingo se anunció la reactivación de 37 bloqueos carreteros y boicot a los integrantes de la iniciativa privada que se movilizó pidiendo el restablecimiento del Estado de Derecho al gobierno federal.
La presentación del proyecto de un nuevo modelo educativo, el rembolso de descuentos, reinstalación de profesores despedidos y la paulatina liberación de los líderes magisteriales, no han sido suficientes para desactivar la embestida de la CNTE. El gobierno federal se ha quedado sin cartas para negociar y en ese afán de no verse señalado como un estado represor ha torcido la ley.
Los actores políticos involucrados en el conflicto han olvidado que la Ley no es negociable, ceder a los chantajes de grupos violentos minoritarios, ofrece malas señales al resto de la sociedad. A la CNTE no se le puede pedir nada, pues su objetivo final cueste lo que cueste es lograr la abrogación de la Reforma Educativa.
El gobierno federal está mancillando el respeto al Estado de Derecho, está claudicando a muchas cosas a cambio de nada. La sociedad ha quedado en total riesgo y eso, es muy, muy peligroso.
