Las palabras de la sobreviviente de tortura sexual, Angélica Patricia Torres Linares, fueron inesperadas y causaron sorpresa, cuando afirmó que Enrique Peña Nieto ordenó el despliegue de las fuerzas de seguridad, cuyos elementos violaron a más de 11 mujeres en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Con su testimonio, Patricia, fue la protagonista de un momento incómodo para la delegación mexicana que este jueves se presentó en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en San José, Costa Rica, para escuchar los testimonios de once mujeres que responsabilizan al Estado mexicano de ordenar la violencia sexual que vivieron hace 11 años y seis meses.
La declaración fue inusual porque si bien en México es sabido que Peña Nieto asumió públicamente ser el responsable de los operativos, no se esperaba escuchar el nombre del Presidente de la República en un proceso ante el organismo internacional donde no se juzgan las conductas de funcionarios públicos sino las violaciones a Derechos Humanos cometidas por un Estado y los mecanismos para reparar el daño.
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