Por: Horacio Corro
Ayer fue tomado el edificio municipal de la ciudad de Huajuapan de León, por dos agencias de policía: Rancho Castillo, y Dolores, mientras se llevaba a cabo la sesión extraordinaria de cabildo, para que Juanita Cruz Cruz, presidenta municipal, los atendiera.
La sesión de ayer sábado se hizo a puerta cerrada. No se les permitió la entrada a los ciudadanos comunes y corrientes ni a periodistas. En la sala estuvo el cuerpo edilicio, a excepción de Víctor Nájera, y un abultado grupo de guaruras y porros, nadie más.
El fin de esta reunión a oscuras, era la de cancelar la obra pública de electrificación en la agencia de Rancho Dolores, y la reducción del monto de obra para la agencia municipal de Rancho Castillo.
Ambas sesiones fueron privadas, porque según, se tratarían datos personales y asuntos de corrupción; por ese motivo, dijeron en la sesión, era necesario hacerlo así. Los dos únicos regidores que votaron en contra de la privacidad, fueron los regidores Alejandro Rosales Olmos, e Ithalivi Salazar López.
Ante cualquier eventualidad de agresividad que se presentara en contra de los ediles morenistas, permanecieron al interior de la sala todos los Cuesta, los Gordillo, los ahijados, los primos, el Tesorero municipal, y demás familiares, para proteger o acolchonar a los integrantes de la 4T.
Y efectivamente, cuando terminó la sesión, los regidores que votaron a favor de la venganza de Juanita Cruz, y del Síndico Procurador del pueblo de Huajuapan, Pablo Crespo de la Concha, salieron resguardados por más de 10 elementos policiacos que portaban armas largas, además de los porros municipales, quienes los protegían de los peligrosísimos ciudadanos de las agencias mencionadas, mismos que no llegaban arriba de una docena.
El tratar de huir del edificio por una puerta y no poder, luego correr en busca de otro escape, fue una muestra por parte de los de la 4T, de esconder su vergüenza y culpabilidad por lo que habían acabado de hacer en contra de dos comunidades.
Correr para esconderse de algo que se hizo en su contra, no es más que una señal o muestra de cobardía, cuando desde hace más de 20 días, la presidenta municipal se negó a recibir a los de Rancho Dolores.
Pero bueno, después de la graciosa huida, todos los morenos se fueron a festejar el hecho con un almuerzo en un restaurante ubicado a la salida de la carretera a la CDMX y frente a una gasolinería.
Los lectores de esta columna se han de preguntar por qué la venganza de ambos funcionarios. Bueno, pues aquí va la historia:
Hace como un mes aproximadamente, Pablo Crespo de la Concha, el protector de la seguridad huajuapeña, les dijo los integrantes de cabildo, que en el tema de las agencias de Dolores y Rancho Castillo, encabezadas por Pedro Donaciano Guerrero Cruz, y María Elena González Alavés, respectivamente, que cuando llegó la contratista de la obra a la agencia de Dolores, de nombre Diana López Rosario, por cierto, líder de la colonia Volcanes, el Agente municipal Pablo Guerrero, le dijo que no podía entrar a la agencia si antes no se caía con su “diezmo”.
A partir de ese momento, ambos se hicieron de palabras, y este caso, ella se lo fue a exponer al Director de infraestructuras, ordenamiento territorial y urbano, Juan Diego Velasco Merlín (cuñado de la presidenta Juanita Cruz).
Éste último, dio parte a la Contraloría municipal, y aseguró, que la constructora, también, iba a ratificar el caso en la Contraloría. Por eso, les proponía el síndico a los ediles, que se le cancelará la obra eléctrica a la agencia de Dolores.
El segundo caso, continuó en su exposición el Síndico de la Cocha, que la Agente municipal de Rancho Castillo, firmó un acuerdo para que los beneficiarios realizaran una aportación equivalente al 10% del monto total de la ampliación de electrificación en el camino real La Junta-Ramírez, Camino Zapoteco y privada San Alberto. En total, pues, tendrían que depositar alrededor de 86 mil pesos, pero como no pudieron completar la cantidad, quedaron a deber poco más de 20 mil pesos. Entonces Pablo, les propuso a los regidores, que se cancelara ese recurso, ya que de otra manera, se regresaría.
Ante tan “brillante” idea, los morenistas comenzaron a aplaudirla. La encomienda era, pues, afectar a la comunidad, no al que cometió el gravísimo “cáigase con su diezmo”.
Lo cierto es que, atrás de todo este problema, estas dos agencias: Dolores y Rancho Castillo, forman parte de una organización donde están integradas varias agencias de la entidad, y dentro de los planteamientos de la misma, aseguran que como comunidades indígenas tienen derecho a mayores participaciones económicas. Es por eso que varios presidentes municipales están demandados. En la misma situación está Silacayoapan, Juxtlahuaca, Huajuapan, entre otros.
La demanda fue hecha ante la Sala de Justicia Indígena y Quinta sala penal, en reclamo a las participaciones municipales. Además, aseguran que al no permitirles manejar sus propios recursos, se les está discriminando.
Ante esta demanda en la Sala de Justicia Indígena, el enojo de la presidenta municipal fue evidente a través de Pablo Crespo, quien les exigió a los regidores, que debían apoyar esa posición, ya que era una decisión de Juanita Cruz.
El abuso de esta administración no tiene límites, ya que no son los ediles los que deben decidir sobre las obras, sino el Consejo de desarrollo social municipal (CDSM). El cabildo no tiene ningún derecho para sancionar el incumplimiento del acuerdo tomado con las agencias. El único, en este caso, es el CDSM.
Esta administración, la de Juanita Cruz, se ha distinguido por la represión en todos los sentidos, pero ahora nos damos cuenta que también va contra las poblaciones que no le son afines.
Si quieren venganza, corran, cesen, acaben a Pedro Guerrero Cruz, pero no se desquiten contra el pueblo.
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